En la moción, presentada este lunes por la portavoz del grupo popular, Elisa Pérez de Siles, y el viceportavoz y concejal delegado de Economía y Hacienda, Carlos Conde, han indicado que la pandemia "ha resultado ser una prueba de fuego para los ayuntamientos españoles, que se han visto obligados a redoblar esfuerzos y gastos para atender la crisis sanitaria, económica y social generada, sin contar con recursos específicos para ello".

Al respecto, han señalado que el Consistorio malagueño ha puesto de manifiesto "en reiteradas ocasiones la necesidad -compartida por otros muchos ayuntamientos de diverso signo político en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias- de que el Gobierno articulase un mecanismo para compensar a las entidades locales españolas por el gasto realizado durante este último año, de modo que se impida la quiebra de muchas de ellas y se les permita continuar prestando servicios, como entidades más cercanas y de mayor proximidad a los vecinos".

En el caso de Málaga, han recordado que se han articulado reducciones fiscales y ayudas directas a sectores afectados por la crisis; además de poner en marcha medidas "pioneras" para la detección precoz del virus, como la realización semanal de test de antígenos de forma gratuita.

El grupo del PP ha indicado también que el Consistorio malagueño "ha comprometido casi cinco millones de euros en la compra de alimentos para ayudar a las familias más vulnerables", precisando que "en total se han promovido durante el primer año de pandemia medidas municipales de estímulo económico que han generado una inyección de más de 58 millones de euros".

"En definitiva, en todo este tiempo se ha trabajado tanto en la prevención como en la inyección económica a los sectores más afectados por esta pandemia, para mitigar las consecuencias y la pérdida de empleos que conllevarían", han manifestado en la moción presentada.

Pese a todo ello, han lamentado que "no se ha avanzado nada en la compensación de 3.000 millones solicitada por los ayuntamientos españoles al Gobierno y el único fondo aprobado por el Consejo de Ministros -el de 434 millones de euros para compensar la caída de ingresos del transporte público municipal- tampoco ha llegado aún a los consistorios".

Así, han detallado que "al haberse actualizado en 2020 las entregas a cuenta que reciben las entidades locales por la participación en tributos del estado (PIE) conforme al crecimiento previsto de la economía y no al crecimiento real, estas han contraído de manera automática -y sin ninguna responsabilidad por su parte- una deuda de 3.000 millones de euros con el Gobierno de España derivada de una liquidación negativa de la participación en tributos del estado del año 2020".

"Aunque en el Ejecutivo central eran conscientes de que esta liquidación negativa podía producirse, a lo largo de 2020 promocionaron como una gran medida, y casi la única sino contamos la suspensión de las reglas fiscales que derivó de una decisión de la Unión Europea, de apoyo a las entidades locales que las entregas a cuenta se mantuviesen referenciadas a una cifra de crecimiento irreal y desproporcionada", señalan en el documento.

Así, han apuntado que "llega el momento de devolverlas y nos encontramos con que los ayuntamientos no solo no reciben una ayuda económica, sino que tendrán que abonar esos 3.000 millones de euros al Gobierno". "En el caso de Málaga, la cantidad a reintegrar por el Ayuntamiento al Gobierno roza los 39 millones de euros", han precisado.

Al respecto, los 'populares' consideran que "lo justo sería que, ya que el Gobierno no ha materializado el fondo de 3.000 millones de euros que los consistorios llevan casi un año solicitándole, al menos les condone de la devolución de la PIE". "De lo contrario, la asfixia será tal, que podría verse comprometida la prestación de servicios municipales en muchos ayuntamientos, ya que las haciendas locales no son un pozo sin fondo; los ayuntamientos han agotado ya su capacidad de ofrecer soluciones a sus vecinos y vecinas sin disponer de recursos suficientes para ello", han dicho.

En caso de que la condonación de dicha deuda -"motivada, todo hay que decirlo, por un error de cálculo del Gobierno"- no fuese una solución aceptada por el Ejecutivo, el PP entienden que "sería al menos imprescindible que se aplazase dos años la devolución y se permitiese el fraccionamiento del pago de ésta en 120 mensualidades -diez años- ampliables a otros 120 meses en el caso de que existan problemas de liquidez en los ayuntamientos".