Dentro de la implantación del nuevo 'DNI europeo' se establece un procedimiento de DNI Exprés, un sistema de expedición semiautomático que permitirá obtener la fotografía in situ, lo que "supone un grave perjuicio" para el sector fotográfico, pero "sobre todo para los pequeños comercios cuyo volumen de negocio depende, en gran medida, de la oferta de servicios relacionados con el trámite de expedición de documentos oficiales".

La diputada del PP, Isabel Borrego, ha explicado que, a diferencia de otros países europeos en los que se seguirán realizando las fotografías por los profesionales del sector, en España el próximo 2 de agosto se pretende implantar este sistema que "liquidará el negocio de un sector que genera más de 800 millones de euros al año y emplea casi 13.000 personas".

Para analizar esta situación, los diputados nacionales y senadores se han reunido con la asociación de Fotógrafos de la Región de Murcia con quienes han trabajado las iniciativas parlamentarias, ya que los propios datos del sector reflejan que esta implantación "tendrá un 30 por ciento de impacto y hasta un 70 en el caso de que se trate de las tiendas de fotografía que se encuentran situadas frente a las comisarias".

Borrego ha asegurado que "la modernización del sistema de expedición del DNI no debe ir en contra de la libertad de elección del consumidor ni del sector fotográfico" porque, tal y como señala el sector "disponen de los medios necesarios para hacer las fotografías y transferirlas con total seguridad a las aplicaciones que diseñe la Administración para verificar su autenticidad", al igual que se está realizando en Reino Unido, Holanda, Bélgica, Italia o Austria.

Borrego ha remarcado la "contradicción del Gobierno de Sánchez de utilizar los fondos europeos para implantar este sistema con el que hundirán al sector y enviarán al paro a miles de personas, a pesar de que es un sector que está pasando un momento muy difícil y "esta noticia supone un golpe fuerte que amenaza su futuro".

Por ello, el PP ha insistido en la necesidad de que el Gobierno de España escuche de verdad las reivindicaciones del sector a través de un diálogo para asegurar la libertad de elección del consumidor y establecer un marco de medidas que permitan una transición digital justa para el sector, teniendo en cuenta sus particularidades y contribución al país.