Iliass Tahiri, un joven de 18 años, murió el 1 de julio de 2019. Lo hizo en un centro de internamiento de Almería tras serle aplicada la sujeción mecánica. Le ataron con correas de pies y manos boca abajo en una cama. Fue la tercera víctima mortal que se registró en centros de menores tras el uso de esta medida coercitiva que ahora el Gobierno central ha prohibido con la Ley de Infancia. No obstante, esta práctica sigue estando permitida en las cárceles españolas. Instituciones Penitenciarias y trabajadores carcelarios defienden su legalidad, pero el Defensor del Pueblo y diferentes asociaciones de presos han alzado la voz para pedir una mayor limitación de su uso o, en última instancia, su eliminación.

En su informe anual sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP) -que ha presentado esta semana en el Congreso de los Diputados y el Senado-, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha advertido de que el empleo de los medios coercitivos en las prisiones sigue siendo "profuso", pues las sujeciones mecánicas "son bastante frecuentes". Eso sí, es una afirmación que sostiene sin datos por la falta de registros en las cárceles, un extremo que pide mejorar. Consultadas por 20Minutos, fuentes Instituciones Penitenciarias confirman que no disponen de cifras.

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Las últimas disponibles son las de 2019. En ese año, el Defensor dató en 6.110 las sujeciones mecánicas registradas, casi mil más que las acontecidas en 2018, cuando los funcionarios de prisiones aplicaron esta medida en 5.119 ocasiones. Fuentes de la institución, eso sí, sostienen a preguntas de 20Minutos que se ha producido un cambio en los últimos años debido a una instrucción que dictó en 2018 la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por la que se establecía un protocolo para la aplicación de sujeción mecánica por motivos regimentales, algo que no existía antes. 

Si bien la sujeción mecánica está contemplada en el artículo 45 de la Ley General Penitenciaria y en el artículo 72 del Reglamento Penitenciario, esta instrucción marcaba los límites su uso. En el escrito, Instituciones Penitenciarias aceptó "la mayoría" de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, reforzando el carácter excepcional de la sujeción mecánica: marcaba que ese medio debía utilizarse solo después de agotarse "maniobras previas de diálogo" y, en cualquier caso, acometerse de forma respetuosa con los derechos de los internos. Además, exponía que para utilizarla, el funcionario de prisiones debía contar con autorización previa del director del centro penitenciario, con la excepción en situaciones de urgencia, y que después debía comunicarlo "inmediatamente" al Juzgado de Vigilancia Penitenciarias, explicando el inicio y el cese de su aplicación y los motivos. 

En dicha instrucción se escuda Jorge Vilas, responsable de prisiones del sindicato CSIF, para defender su uso. En una conversación con 20Minutos, asegura que "solo" se aplica en casos "extremadamente complejos", "cuando es totalmente imposible impedir que ese interno se dañe a sí mismo o dañe a otros". Recuerda además que, cuando se realiza la sujeción mecánica, "siempre" se hace con la supervisión de un médico y "durante el mínimo tiempo imprescindible".

"La sujeción vulnera derechos humanos"

No obstante, el propio Defensor del Pueblo destaca que quedaron excluidas de esa instrucción recomendaciones como la obligación de que esa actuación se "complemente" con la grabación en vídeo y la relativa a que los centros penitenciarios tengan presencia médica las 24 horas del día. También advirtió Fernández Marugán de la necesidad de que se formase al personal penitenciario.

El objetivo es evitar situaciones como la registrada en la cárcel de Puig de les Basses, en Cataluña, que realizaba las contenciones mecánicas "prolongadas" con los presos boca abajo y los brazos en alto -denominada como posición de 'Superman'-. "Si se prolonga mucho tiempo, es una posición dolorosa que dificulta la normal respiración", expone Fernández Magurán en el informe.

La instrucción, no obstante, es fuertemente criticada por Nahia Aia, médica y portavoz de Osabideak, una asociación del País Vasco que defiende la salud de las personas privadas de libertad. En este sentido, expone que la sujeción mecánica vulnera "directamente derechos humanos fundamentales como la libertad stricto sensu de movimiento, el acceso al propio cuerpo, la dignidad y la intimidad, ya que es la privación de la libertad máxima dentro de la privación de libertad". Además, señala que las recomendaciones tanto de la Organización de las Naciones Unidas como las de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura señalan que debe ser "una medida a erradicar".

Por ello, ve "difícil asumir que tenga indicaciones justificadas" en referencia a la instrucción de Instituciones Penitenciarias en 2018. "Pero mucho menos son los supuestos demasiado amplios que aparecen en el protocolo, ya que gravitan en una intención punitiva y, por tanto, la aplicación de la sujeción supone, en sí misma, un trato inhumano y degradante", añade. También cita como otros aspectos "preocupantes" del protocolo la "escasa relevancia que otorga a la protección de la salud" del preso, pues expone que un mal uso de la sujeción puede provocar "contusiones, lesiones neurológicas" y no tiene por qué significar la rebaja del estado de agresividad del interno, así como la falta de claridad en los registros. 

De este último hecho también alerta el Defensor del Pueblo, que cita en su informe varias prisiones en las que en el registro los funcionarios anotaron como justificación simplemente "motivos de seguridad del centro". Como ejemplo, cita una prisión de Málaga en la que "no se anotaban los medios utilizados y faltaba información de si la acción había sido revisada por el médico".

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Ante estas críticas, Vilas, como representante de los funcionarios de prisiones, señala que "es muy fácil hablar desde fuera, pero que hay que conocer la realidad de las cárceles". "Si un preso se quiere cortar las venas, ¿cómo lo impides?", lanza. “No es la única situación en la que se aplica, porque los presos nos cuentan que es recurrente que se use como forma de castigo velada”, responde Francisco Miguel Fernández Caparrós, portavoz del área de prisiones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

En declaraciones a este diario, señala la “paradoja” que supone que el Ejecutivo haya prohibido esta práctica en los centros de menores pero no en las cárceles. Por eso, defiende acabar con las sujeciones. “Las denuncias registradas hablan de lo mismo: una mala o inexistente recopilación en las cárceles de las sujeciones que se realizan, no existe personal con formación suficiente, el espacio en el que se aplica no es adecuado o, incluso, a veces en lugar de correas homologadas se hna llegado a utilizar grilletes”, concluye.

La ONU recomendó su prohibición "hace años"

De las fatídicas consecuencias que puede tener el mal uso de la sujeción mecánica también alerta Iñaki Markez, médico psiquiatra y miembro de OME, la asociación vasca de salud mental. En respuestas a este diario, recuerda que ya el relator especial de la ONU recomendó "hace años" la prohibición de "todos los métodos de inmovilización". Así, señala que los familiares de los internos "son raramente informados" cuando se les aplique, lo que también es un "cierto atropello de los derechos de la persona". 

Argumenta además que esta práctica "puede llevar a una persona a situaciones graves" que se pueden traducir en "trastornos afectivos con uso posterior de sustancias, anorexia nerviosa, fobias, estrés postraumático y muchas situaciones de angustia". Por ello, pide destinar más recursos a la reinserción, para abordar los conflictos de otras formas. Por ejemplo, con conversaciones con el paciente para llegar a la "autorregulación emocional".