En un comunicado, ha recordado que el Ayuntamiento de Bilbao comunicó al Obispado en julio de 2020, a fin de tramitar su petición de licencia de obras para la construcción de un edificio de oficinas y la clínica privada de Mutualia, que era preciso que cumpliera con los requisitos y "subsanase las deficiencias" señaladas en el informe municipal.

En concreto, según ha apuntado, le concedía "un plazo de seis meses para subsanar tales deficiencias, con la advertencia de que, si no presentara tal documentación en el plazo señalado, se le entendería por desistido en el expediente, procediéndose a su archivo".

Abando Habitable ha señalado que el pasado 16 de febrero de 2021 el Subárea de Secretaría técnica de servicios generales del área de obras, planificación urbana y proyectos estratégicos del Consistorio emitió providencia en la que se indicaba que el plazo había transcurrido.

"A día de hoy, 30 de junio de 2021, 11 meses después del primer aviso,, no constan en el expediente justificación de los requisitos exigidos ni del pago de las unidades de aprovechamiento necesarias para el proyecto pretendido", ha asegurado.

En concreto, Abando Habitable asegura que, entre otras cuestiones el Obispado de Bilbao "debe abonar unos 1,6 millones de euros, 1,3 millones en concepto de las plusvalías y 300.000 euros por los avales de urbanización y gestión de residuos".

"Hasta la fecha el gobierno municipal, y en especial el concejal del área de urbanismo, Asier Abaunza, han hecho continuada referencia al cumplimiento de la ley. No archivar este expediente, como así han advertido las resoluciones administrativas e indica la ley, es una muestra de cómo el Ayuntamiento trata de modo especial al Obispado de Bilbao", ha añadido.

Por otra parte, ha afirmado que, en las últimas semanas, la asociación Abando Habitable ha puesto de manifiesto que la acción ciudadana es "imprescindible para vigilar el cumplimiento de la normativa"

En este sentido, ha destacado que, gracias a su denuncia, se ha abierto expediente sancionador a la constructora Murias SA por la instalación de una "grúa clandestina en la parcela obispal sin la licencia correspondiente".

"Otras normas que la constructora ha incumplido y que han sido denunciadas, como el lanzamiento de escombros por las ventanas del edificio en demolición, no han tenido respuesta municipal de momento", ha advertido.