Los agentes han determinado tras la investigación que ambos operaban bajo las autorizaciones otorgadas a una empresa que en la actualidad no existe. También se les atribuye la emisión al medio ambiente de más de 65 toneladas de residuos peligrosos.

Por todo ello, los acusados se enfrentan a penas de entre seis meses hasta tres años de prisión, de multa y de inhabilitación, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La investigación se inició a finales del verano de 2019 cuando en una inspección realizada en un polígono de la capital, los agentes comprobaron que se estaba procediendo al desguace de vehículos, al parecer de forma ilegal.

Asimismo, tras comprobar que el establecimiento carecía de ningún tipo de autorizaciones ni de licencia, se le solicitó que aportara el archivo de los expedientes en los que deben figurar los certificados de destrucción así como su baja administrativa en el registro de la Dirección General de Tráfico.

No obstante, tampoco pudo aportar dicha documentación por lo que se inició una investigación con el fin de comprobar la posible existencia de diversas irregularidades relacionadas con el tratamiento de vehículos al final de su vida útil.

Por ello, los efectivos comprobaron que dicha actividad se desarrollaba desde el año 2014 y que se amparaba en una licencia para un Centro Autorizado para el Tratamiento de Vehículos (CAT), que le había sido concedida para otras instalaciones que ya no existen.

Igualmente, se esclareció que a través de un permiso de la Dirección General de Tráfico para la tramitación de las bajas definitivas de los vehículos, el titular del desguace ilegal había llegado a tramitar irregularmente la baja definitiva de, al menos, 1.800 vehículos, sin haber emitido los correspondientes certificados de destrucción de cada uno y sin poder acreditar haber gestionado de la manera correcta los residuos peligrosos.

En total, los investigadores han averiguado que con la actividad ilegal esta empresa ha podido emitir al medio ambiente 10 toneladas de aceites de automoción usados y otros fluidos peligrosos, 20 toneladas de baterías, 35 toneladas de neumáticos y media tonelada de gases de efecto invernadero.

Además habían gestionado de forma inadecuada otras más de dos mil toneladas de residuos de otro tipo, procedentes de esos vehículos. Al respecto, los agentes han recordado que la gestión inadecuada de residuos peligrosos, como los aceites usados, en el caso de haber acabado en el medio natural, pueden ocasionar graves daños medioambientales.

Por tanto, los dos hombres han sido investigados dos hombres a los que se les imputa un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, y otro de falsedad documental. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Alicante.