La iniciativa, que nace de la necesidad de superar las diferencias de los sistemas jurídicos de los Estados miembros en la lucha contra el fraude transnacional, tiene por objeto la creación de la Fiscalía Europea para combatir aquellos delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión.

En su intervención en el Pleno de la Cámara Alta, Sánchez-Garnica ha asegurado que la instauración de este órgano común a los Estados miembros, "pero independiente de éstos", cumple con el objetivo compartido de "avanzar sustancialmente en la construcción de un espacio de libertad, seguridad y justicia al permitir combatir los delitos que perjudican los intereses financieros de la Unión y, por lo tanto, los intereses de la ciudadanía en su conjunto", avanzando así en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada.

El senador aragonés, portavoz en la Comisión de Justicia, que ha tramitado la norma, también ha señalado que, aunque "habrá que buscar fórmulas de encaje de la Fiscalía Europea en el modelo procesal español", lo que ahora importa es contar con una herramienta "que es el fruto de muchos años de trabajo y negociaciones y que nos acerca más al objetivo de la UE, que es un espacio común para los ciudadanos".

Entre otras cuestiones, la norma contempla la nueva figura del juez de Garantías, órgano independiente cuyas atribuciones se encuentran vinculadas a la adopción de medidas de investigación restrictivas de derechos fundamentales o de medidas cautelares de carácter urgente.