La salida del Partido Popular del Pacto Antitransfuguismo, conocida este martes y materializada el pasado domingo, 13 de junio, a través de una carta al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha dejado en la cuerda floja este Pacto, del que forman parte 11 partidos y que nunca en 23 años ha vivido una situación así. En la misiva, a la que ha tenido acceso 20 minutos, los populares justifican su salida por el "uso torticero de la Comisión de Expertos" contra ellos, al ignorar varias peticiones del PP.
El Gobierno, a través de su portavoz, María Jesús Montero, lamentaba este martes la maniobra del partido de Pablo Casado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al considerar que este Pacto es "un instrumento fundamental" para combatir la corrupción y la compra y venta de cargos públicos que deslegitiman la voluntad de los ciudadanos en las urnas, y la salida del PP, fundador de este órgano, pone de relieve "la deriva irresponsable" que está llevando.
Un pacto de 1998
El Pacto nació el 7 de julio de 1998 como un compromiso de los partidos políticos en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales y ha tenido tres actualizaciones, la última a finales de 2020. El acuerdo firmado considera tránsfuga “a la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso”. Si bien no tiene una validez legal, se trata de un compromiso que adquieren los partidos y que retrata su actuación.
La moción de censura de Murcia, el detonante
El detonante de esta decisión se remonta al mes de marzo, cuando se produjo la fallida moción de censura al presidente de la Región de Murcia, el popular Fernando López Miras. La moción decayó gracias a tres diputados de Ciudadanos, que a última hora decidieron romper con la disciplina de voto de su partido, y de otros tres de Vox, que antes de la moción ya habían sido expulsados de la formación. Tras ello, los tres diputados naranjas continuaron como consejeros, al igual que uno de los ex de Vox, que obtuvo otra consejería.
La formación naranja recurrió, junto al PSOE, al Pacto Antitransfuguismo, que en su segunda Adenda establece una cláusula en la que los partidos se comprometen a impedir la utilización de tránsfugas para construir o mantener mayorías de gobierno de las instituciones, además de no aceptar en sus equipos de gobierno a miembros de la institución que se hayan convertido en tránsfugas y rechazar la posibilidad de que se efectúe cualquier nombramiento que implique atribuciones de gobierno, como sucedió en la cámara regional.
Tras ello, el Pacto convocó un comité de expertos, cuyo ponente, Rafael Ibáñez Reche, fue vetado por el PP al considerarlo "poco neutral" por su pasado en las filas de IU del Parlamento Andaluz y por ser exmarido de la ministra María Jesús Montero. El experto propuesto por el PP también tenía una larga trayectoria como cargo público representando al partido. El comité obvió las demandas del PP y siguió adelante con su trabajo hasta que, en su dictamen del 27 de mayo, calificó de tránsfugas a los tres diputados autonómicos de Ciudadanos y al propio presidente de Murcia, Fernando López Miras, por ser "inductor y beneficiario de la conducta tránsfuga de los y las diputadas" citadas.
¿Qué pasa ahora con el Pacto?
Los populares rechazan este dictamen al considerar que llevan fuera del pacto desde el mes de abril. "No podemos ni compartir, ni asumir, ni valorar, ni aceptar las calificaciones unilaterales" del Comité de Expertos, reza la misiva del PP, y consideran en su misiva que el Pacto carece de legitimidad por no reunir una mayoría cualificada de representantes de las Cortes Generales.
El Pacto Antitransfuguismo está formado por PSOE, Partido Popular (hasta el 13 de junio), Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya, PNV, BNG, Coalición Canaria, Partido Aragonés, Unión del Pueblo Navarro, Podemos, Ciudadanos, PSC, Foro Asturias, Partido Regionalista de Cantabria, Compormis, Geroa Bai, Galicia en Común, Catalunya en Comú, Más País, Equo, Mes per Mallorca y Agrupación Socialista de la Gomera. La salida del PP es la primera en la historia de este Acuerdo y supone, además, la de la segunda formación con mayor representación en el Parlamento, por lo que supone un duro golpe.
En otros partidos consideran que el Pacto sigue adelante y seguirá analizando los casos de transfuguismo esté o no el PP, aunque reconocen que su salida resta peso a este órgano por afectar a uno de los partidos fundadores que está presente en la mayoría de Ayuntamientos y cámaras autonómicas. El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, reconocía el martes en rueda de prensa que el pacto "no le viene bien" al PP para seguir con "esa OPA" para absorber al partido naranja, aunque le instaba a volver al él porque "aprovecharse de los tránsfugas es una verdadera indecencia".
El sentimiento ha sido compartido por el resto de partidos que forman parte de este acuerdo. "Si uno de los partidos más importantes de este país no forma parte, queda herido. Pero formar parte para saltárselo no tiene mucho sentido", declaraba este martes Adriana Lastra, que acusaba al PP de "intentar dinamitarlo y hacerlo saltar por los aires". Unidas Podemos considera que esta decisión es "más propia de una organización mafiosa" y supone una mala noticia para la democracia al "romper un consenso que viene del siglo pasado".
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