La imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo más graves, como el asesinato o el secuestro, la lucha contra la financiación del terrorismo y las nuevas medidas penales de libertad vigilada para los terroristas y pederastas que salgan de prisión tras cumplir su condena y no hayan acreditado su reinserción son algunos de los ejes principales de la próxima reforma del Código Penal.

Así lo anunció este lunes el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, quien afirmó que el Gobierno remitirá en breve al Consejo de Estado el anteproyecto de reforma del Código Penal.

Camacho explicó ante la Comisión de Interior del Senado los próximos proyectos de seguridad y apoyo a las víctimas de terrorismo.

Con el nuevo Código Penal, el juez podrá imponer al terrorista su localización permanente o la prohibición de acercarse a sus víctimas o a sus familias por un periodo máximo de 20 años, una vez que haya cumplido la pena de prisión.

Además de la reforma del Código Penal, Camacho también recordó la anunciada Ley Integral de Víctimas del Terrorismo, que integrará en un solo texto toda la normativa en materia de víctimas y acabará con las "lagunas" detectadas en las anteriores leyes.

Entre las deficiencias que la nueva ley pretende corregir figurarán nuevas indemnizaciones para los españoles que han sufrido atentados terroristas fuera de España. Además, se pretende solventar algunos agravios comparativos que se dan, por ejemplo, en relación con las indemnizaciones entre las víctimas que cuentan ya con una sentencia y las que no.

Plazos de prescripción de los delitos

La prescripción de un delito significa que la acción para perseguirlo se extingue si pasa un determinado tiempo desde que se cometió sin que se hubiese dirigido el procedimiento contra el culpable o se hubiera paralizado tal procedimiento.

Los plazos de prescripción de los delitos que recoge el Código Penal son: a los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea de prisión de 15 o más años. A los 15, cuando la pena máxima sea inhabilitación por más de 10 años, o prisión por más de 10 y menos de 15 años. A los 10, cuando la pena máxima sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de 10.

El plazo es de 5 años cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de tres años y que no exceda de cinco. A los tres años, los restantes delitos menos graves y los delitos de calumnia e injuria prescriben al año.