El fabricante automovilístico francés Renault ha anunciado este martes que ha sido imputado por "engaño" en los dispositivos de control de emisiones contaminantes de los vehículos diésel.

La empresa deberá entregar una fianza de 20 millones de euros, 18 de ellos previstos para el eventual pago de daños y multas, y ofrecer una garantía bancaria de 60 millones de euros para afrontar posibles indemnizaciones.

La investigación se abrió en enero de 2017 y buscaba determinar si los instrumentos que regulan las emisiones de los coches del grupo francés están programados para ocultar el volumen de contaminación que realmente emite el vehículo en condiciones reales de conducción. 

La empresa ha subrayado su presunción de inocencia y rechazó "haber cometido la más mínima infracción" en un comunicado, destacando que sus vehículos no están equipados con programas "de fraude" y señaló que "siempre ha respetado la legislación francesa y europea".

La empresa francesa concluyó la nota indicando que "todos los vehículos Renault siempre han estado homologados conforme a la ley y a las reglamentaciones en vigor".

En el origen de este procesamiento judicial está el que había iniciado el Servicio Nacional del organismo antifraude sobre Renault, que registraron varias sedes de Renault para tratar de confirmar que la compañía no utilizaba mecanismos para dar informaciones engañosas sobre los niveles contaminantes de sus vehículos.

La investigación comenzó tras los resultados obtenidos por varios modelos de Renault en las pruebas realizadas por la comisión oficial creada en septiembre de 2015, a instancias del Ministerio francés de Ecología, en el eco del escándalo Volkswagen. 

De acuerdo con las conclusiones de la comisión técnica creada por la entonces ministra de Ecología, Ségolène Royal, las cantidades de óxidos de nitrógeno (NOx) en condiciones reales de conducción, en particular para versiones diesel del Captur y del Espace, eran varias veces superiores a las obtenidas en la homologación en laboratorio.