La Fiscalía Provincial de Madrid no ve delito en el cobro de complementos salariales en Podemos después de que el juez de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, reabriese la causa que él mismo había archivado en marzo. Según una nota distribuida por el Ministerio Público, el fiscal se ha adherido al recurso presentado contra el auto de reapertura del caso, que establecía que la gerente de Podemos, Rocío del Val, no contaba con la capacidad de acordar dichos complementos salariales a los miembros de la formación y que, por tanto, podría haber incurrido en un delito de administración desleal.

El Ministerio Público, tras la práctica de diferentes diligencias, señala que el cobro de esos complementos "podrá ser discutible desde el punto de vista ético o desde la transparencia que se exige a los partidos políticos", pero no es constitutivo de delito. Añade que se cobraron de manera "transparente" y "con control interno" y que, si la medida de incrementar los sueldos se hubiera hecho mediante acuerdo con la gerente o con una propuesta a la dirección del partido, tampoco sería ningún delito. Precisa la Fiscalía que no se habla de cantidades cobradas en b o en sobres, "sino de complementos recogidos en las nóminas y conocidos por todos los órganos de control del partido".

Así, para la Fiscalía, "no deja de extrañar" que sea la acusación popular –ejercida por Vox– quien recurrió para la reapertura de la causa, la que sostenga la existencia de indicios de delito de administración desleal cuando el perjudicado, en este caso el propio partido político, no se considera como tal. “Y lo hace sobre la base de desconfiar de los representantes del partido que certifican el cumplimiento de la normativa interna”, argumenta. De hecho, expone la Fiscalía, Vox llega a solicitar que se considere a una de ellas, que certifica la regularidad de los complementos, como investigada por delito de encubrimiento o estafa procesal.

Además, el Ministerio Público también denuncia en el escrito hecho público que la acusación particular pretende hacer de nuevo una auditoría a la actuación de Podemos “respecto de hechos ya aclarados no típicos y respecto de los que, por otro lado, no existen indicios de delito”. Critica aquí la pretensión de la acusación popular de que se revelen datos sobre quienes cobran en el partido ese tipo de complementos junto con un requerimiento general a Podemos sobre el informe de ejecución de presupuestos y documentación enviada al consejo ciudadano.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid ha puesto la lupa en los complementos que cobraban Val y el tesorero, Daniel de Frutos, -uno por Coordinación, de 210,32 euros, y otro por Coordinación Ejecutiva, de 400 euros- y en el de Responsabilidad Personal (otros 210,32 euros) que recibía la abogada Marta Flor, así como en los reembolsos que habrían recibido en una media de 300 euros mensuales la gerente y De Frutos en concepto de gastos por desplazamiento.

El ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, denunciante del caso 'Neurona', describió estos pagos extra como posibles sobresueldos, lo que empujó al juez a indagar. El pasado 11 de marzo, Escalonilla decidió archivar temporalmente esta línea de investigación al concluir que Val sí tenía facultad para implementar dichos complementos. Pero, un mes después, optó por reactivar esta línea de investigación al considerar que la nueva documentación presentada desde el archivo preliminar "cabe llegar a conclusiones distintas", esto es, que Val "no tenía facultades para aprobar la escala salarial y, por ende, cabe entender que para implementar complementos salariales que alteren dicha escala".

Con ello, acogió un recurso de reforma de Vox acordando nuevas diligencias, entre ellas la declaración como testigo del predecesor de Val, Pablo Manuel Fernández Alarcón, y un nuevo requerimiento a Podemos para que entregue más documentación interna. El ex gerente 'morado' testificó el pasado viernes ante Escalonilla que, durante su etapa en el cargo, aprobó pluses salariales en casos puntuales donde tenía en cuenta las circunstancias particulares de cada trabajador, validando con ello la actuación de Val. "No conocía norma que me lo impidiera", dijo, según fuentes presentes en la comparecencia judicial.

Neurona

El núcleo de esta causa, donde se investiga la presunta financiación ilegal de Podemos, es el contrato de 363.000 euros que el partido firmó con la consultora política Neurona Comunidad para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. El juez sospecha que fue un contrato simulado que habría servido para desviar dinero de las cuentas 'moradas', de ahí que la actividad probatoria se centre en determinar si la empresa hizo el trabajo.

De los demás asuntos que constaban en la denuncia original, Escalonilla ha cerrado las investigaciones relativas a los contratos electorales con ABD, las obras de la nueva sede de Podemos y el supuesto acceso no consentido a un ordenador de la abogada Marta Flor. También cerró la investigación sobre las donaciones de la Caja de Solidaridad y los presuntos sobresueldos pero ha reabierto ambas pesquisas, la primera por orden de la Audiencia Provincial tras un recurso de Vox y Pro Lege y, la segunda, enmendándose a sí mismo a petición de Vox.