Miguélez, en declaraciones a Onda Regional recogidas por Europa Press, considera que modificar las reglas de explotación para incrementar esos caudales del Tajo "son unos ataques injustos, insolidarios y sectarios que el único objetivo que tienen es cerrar ese trasvase".

Según ha dicho, el cierre de esta infraestructura, que lleva 42 años funcionando, "tiene unas graves consecuencias en la Región, no solo para tema de agricultura, sino también un incremento en el precio del agua entre un 30 y un 48 por ciento, pero es un agua que pagamos los consumidores, empresarios, industrias, ganaderos y agricultores".

Por ello, ha asegurado, como Gobierno "vamos a seguir defendiendo al millón y medio de murcianos", tras lo que ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "ponga fin a su objetivo de cerrar esa infraestructura".

"Es momento en el que la Región tiene que subir a la capital y manifestar que no se pueden emprender estas líneas que está llevando a cabo el Gobierno de la nación con temas de agua", ha finalizado.