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La explotación ilegal de tierras raras se dispara en Birmania tras el golpe militar

Protestas contra el golpe de Estado en Myanmar
Protestas contra el golpe de Estado en Myanmar
EFE/EPA/STRINGER
Explotación minera en Kachin.
EFE

El número de explotaciones ilegales de tierras raras, un grupo de valiosos minerales empleados en electrónica, se han multiplicado en zonas fronterizas de Birmania desde el golpe de Estado, lo que podría estar sirviendo para la financiación de la junta militar, según denuncian organizaciones no gubernamentales.

El grupo Red de Transparencia y Responsabilidad Kachin (TANK) señaló a Efe que el número de explotaciones ilegales en la zona fronteriza con China del estado Kachin se ha duplicado desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero, con al menos 50 nuevas explotaciones en la región y con zonas donde el número de minas se ha multiplicado por cinco.

Aunque la información es difícil de obtener debido a las restricciones impuestas por los militares y a la situación caótica del país, varios analistas coinciden en que este aumento significativo puede deberse a la connivencia de los militares y a su posible beneficio.

"Es muy probable que mientras la comunidad internacional impone sanciones y trata de cortar las fuentes de financiación de los militares, estén beneficiándose de la venta de recursos naturales a otros países", apuntó a Efe Clare Hammond, de la organización Global Witness.

La experta explica que estas explotaciones se abren de manera clandestina en zonas fronterizas controladas por milicias con las que el Ejército selló una alianza en 1989, dejándoles beneficiarse de los recursos naturales a cambio de que ejercieran labores de seguridad y posiblemente de recibir una parte del beneficio.

Una táctica similar a la utilizada por las anteriores junta militares que gobernaron el país con puño de hierro durante 1962 y 2011, y que impulsaron una transición hacia la democracia que fue cortada de súbito por el levantamiento de febrero.

Sanciones internacionales

Varios país, como Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, han aprobado desde la toma de poder del Ejército sanciones económicas selectivas contra las empresas de los militares y la junta birmana.

El Ejército birmano justifica el golpe de Estado por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de la nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.

Tras la asonada las fuerzas de seguridad han reprimido con brutalidad cualquier atisbo de disidencia y hasta el jueves han muerto al menos 810 personas, la mayoría por disparos de autoridades contra las manifestaciones en oposición al mando castrense, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.

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