Según ANPE, a estos profesionales, que en la mayoría de los casos han sido "nombrados con carácter discrecional" por la Administración", se les impone el seguimiento de un curso de formación de 10 días (dos semanas completas) fuera del horario laboral, en sesiones extraordinarias por las tardes (hasta cerca de las 21.00 horas), sin rebajar de sus obligaciones docentes a este profesorado en su horario ordinario de mañana.

En esas jornadas de formación, añaden desde ANPE, se manejan numerosos documentos y legislación que afectan al proceso selectivo, por lo que las sesiones no se limitan a las horas de reunión por las tardes, sino que los afectados tienen que llevarse estos textos como "deberes para casa" para su "estudio obligado los fines de semana".

ANPE considera que la Consejería está "pisoteando" los derechos laborales de este profesorado. "A los citados 10 días de formación en horario de tardes, más el estudio de la documentación y legislación de las oposiciones en su tiempo libre los fines de semana, se le añaden los dos sábados de oposiciones (día que también esta fuera de la jornada laboral docente) y las interminables jornadas de lectura, exposición y evaluación de los opositores propias de cada proceso selectivo, de hasta 10-12 horas diarias, que durarán hasta el día 23 de julio, fecha estimada de finalización del proceso selectivo", explican.

El sindicato exige, al menos, el reconocimiento y certificación de estas horas de formación y el abono ineludible de las doce jornadas de tarde a los miembros de tribunales afectados, pues se trata de nombramientos por razón de servicio derivadas de su participación en actividades de selección de acuerdo con La Ley de Presupuestos del Principado de Asturias. ANPE explica que a razón de 61,95 euros por asistencia a cada una de las 12 jornadas, serían 743,4 euros a cada participante.

La organización anima al profesorado afectado a presentar reclamación sobre los puntos referidos (certificación de formación y abono de jornadas extraordinarias), y pone a disposición de sus afiliados los servicios jurídicos para la reclamación de las retribuciones que derivan del desempeño de estas funciones.