El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto 32 expedientes por 16 anuncios publicados en las plataformas Idealista, Fotocasa y Habitaclia que no incluían en sus anuncios el índice de referencia de precios, tal y como indica la ley 11 /2020 de regulación del precio de los alquileres en Cataluña. Los expedientes se han abierto tanto para las páginas web como para los administradores de fincas que han publicado las ofertas. Además, el consistorio también está trabajando en sancionar por primera vez un contrato ya firmado por encima del precio que marca la ley- en este caso, la sanción va dirigida al propietario de la vivienda-.

En total, las 32 sanciones pueden llegar a sumar un importe de 96.000 euros, ya que al ser consideradas leves, pueden llegar a los 3.000 euros cada una. En cambio, el expediente abierto al contrato ya firmado puede comportar una sanción de entre 9.000 y 90.000 euros, al ser tipificada como grave.

Quien tramita estos expedientes es la Unidad de Disciplina y Antiacoso del Instituto Municipal de Vivienda (IMHAB) de Barcelona, que ha encontrado los anuncios fraudulentos a partir de una búsqueda aleatoria en internet. Además, los ciudadanos también pueden dirigirse a este servicio municipal si tienen la sospecha de que han firmado un contrato que podría vulnerar la ley.

Idealista no rectifica

De momento, Fotocasa y Hablitaclia sí han "rectificado" e incluido en sus anuncios un campo donde los anunciantes pueden incluir el índice de referencia de precios al que debe estar sujeta cada vivienda, y tres de los administradores fincas expedientados ya han abonado las sanciones. No obstante, Idealista parece que aún se resiste a cumplir con la norma. 

La concejala de Vivienda, Lucía Martín, ha explicado en rueda de prensa que Idealista está presentando alegaciones y que aún no ha dado ninguna "respuesta positiva" a los requerimientos municipales. Eso sí, ha advertido de que los expedientes "continuarán" y que esperan un cambio de actitud: "Las plataformas deberían ser las primeras interesadas en facilitar que la ciudadanía pueda firmar contratos que se ajusten a lo que dice la ley", ha dicho.

Asimismo, Martín ha recordado que el índice de referencia de precios que fija la ley tampoco es ninguna maravilla, y que el perjuicio económico para los propietarios es "mínimo": "Es una contención de unos pecios que en los últimos años ya han sufrido subidas muy importantes. Se trata de una regulación muy de mínimos en un contexto alcista, y las horquillas no dejan de estar alrededor de los precios del mercado de los últimos años", ha argumentado la concejala, quien también ha señalado la importancia de denunciar estas prácticas para "acabar con la especulación y la opacidad" del sector inmobiliario. 

Piden más contundencia a la Generalitat

Martín ha reconocido que es el Govern es quien debería controlar el cumplimiento de esta ley: "La Generalitat debería estar actuando de forma proactiva, porque hay muchos municipios que no tienen la capacidad de ejercer esta actividad de inspección y sanción como la tiene Barcelona", ha aseverado la concejala. 

El Sindicat de Llogateres interpone 200 denuncias

El Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas) ha denunciado este lunes ante el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIS) las numerosas infracciones de la ley 11/2020 por parte de arrendadores e inmobiliarias en toda Cataluña y ha anunciado que a través de una campaña ha conseguido tramitar unas 200 denuncias relacionadas con el incumplimiento de los requisitos de la regulación de alquileres, vehiculadas a través de la Agencia Catalana de Consumo, pero también mediante los servicios de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. 

En este sentido, el sindicato ha avisado que el cumplimiento de la ley "no es opcional" y ha pedido a las administraciones que "se pongan las pilas". El portavoz del Sindicato, Jaime Palomera, ha valorado el hecho positivamente, a pesar de que también ha dejado claro que se trata todavía de un número insuficiente: "Muchas de las personas que sufren vulneraciones no denuncian, y otros que sí que lo hacen no tienen respuesta por parte de la administración", ha apuntado.

Así, ha considerado que todavía hay una "carencia de voluntad política" por parte del Govern que tendría que incrementar los "esfuerzos y las energías". Uno de los puntos donde cree que se tiene que incidir más es la difusión de información, para garantizar que la ciudadanía esté suficientemente informada de una ley que actualmente está en vigor. "No oímos anuncios del 012 explicando cómo se tiene que cumplir", ha lamentado.

La ley 11/2020, del 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de alquiler de viviendas afecta a 60 municipios considerados áreas con mercado de vivienda tenso. En estas zonas el precio no puede aumentar respecto al contrato anterior -si fue firmado en los últimos cinco años- y no podrá superar el índice de referencia establecido por la Generalitat. 

Los municipios sujetos a la ley son los siguientes: Badalona, Barberà del Vallès, Blanes, Calafell, Castellar del Vallès, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Figueres, Gavà, Granollers, Hospitalet de Llobregat, l’, Igualada, Manlleu, Manresa, Martorell, el Masnou, Mataró, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Olesa de Montserrat, Olot, Palafrugell, Pallejà, Pineda, el Prat de Llobregat, Premià de Mar, Reus, Ripollet, Rubí, Sabadell, Salou, Salt, Sant Adrià de Besos, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Pere de Ribes, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de la Mogoda, Sitges, Terrassa, Tortosa, el Vendrell, Vic, Viladecans, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú y Vilassar de Mar.