Cotizaciones, IRPF, patrimonio... las subidas de impuestos que el Gobierno propone a Bruselas en los próximos años

La ministra portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa, a 20 de abril de 2021, en el Palacio de la Moncloa, Madrid, (España)
La ministra portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Jesús Hellín, JESUS HELLIN

La reforma fiscal que lleva tiempo anunciando el Gobierno tiene ya definidas sus líneas maestras. El Ejecutivo ha detallado en un informe enviado a la Comisión Europea la semana pasada las subidas de impuestos que pondrá en marcha en el primer trimestre del año 2023 para "acercar los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno". 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno, condición sine qua non para recibir 79.529 millones de euros en subvenciones hasta 2023, no entra en el detalle de cómo quedarán los incrementos impositivos, pero apunta a algunos de los tributos que cambiarán, afectando a todos los contribuyentes en mayor o menor medida. Entre los tributos que se modificarán para recaudar más están los que gravan la riqueza y los impuestos relacionados con la posesión de vehículos, como el de matriculación y circulación.

Más presión fiscal para las nóminas de más de 2.400 euros al mes

El Ejecutivo de Pedro Sánchez propone el "incremento gradual de la base de cotización máxima del sistema", lo que supondrá en la práctica una mayor presión fiscal para los trabajadores con ingresos mensuales superiores a los 2.400 euros netos al mes. La base de cotización es la remuneración mensual bruta, incluidas las pagas extra prorrateadas, que un trabajador percibe.

En la actualidad, la base máxima es de 4.070,10 euros brutos al mes. Los trabajadores que ganan más de esa cifra están exentos de pagar a partir de esa cantidad. Es decir, si una persona tiene una base de cotización de 5.000 euros mensuales no tributa por los 929,90 euros que hay de diferencia. 

Esta modificación de las bases de cotización máxima, que se realizaría de forma gradual en los próximos 30 años, provocará "una modificación de la pensión máxima para no alterar la naturaleza contributiva del sistema"

Impuestos sobre la riqueza

Se trata de materializar lo que se ha denominado "armonización fiscal", centrándose fundamentalmente en los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones. En España, estos tributos están cedidos al 100% a la comunidades autónomas. Eso provoca que cada gobierno autonómico aplique las bonificaciones o exenciones a criterio propio, cuyo resultado en la práctica es que los ciudadanos de unos territorios pagan menos por el mismo tributo que en otros. 

"En el ámbito de la imposición sobre la riqueza, se evidencian importantes mejoras a introducir, tanto desde el punto de vista técnico, como desde la perspectiva de implementar una política redistributiva coherente a nivel nacional", señala el documento del Gobierno, que prosigue afirmando que existe "la necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las CC AA".

¿El fin de la tributación conjunta del IRPF?

Un anexo del Plan de Recuperación hacía referencia a la supresión paulatina de la tributación conjunta en el IRPF, que beneficia a dos millones de hogares y cuyo coste anual para las arcas públicas asciende a 1.000 millones de euros, según figura en los últimos Presupuestos Generales del Estado. 

Sin embargo, la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, afirmó este miércoles que no hay nada al respecto en la reforma fiscal que se ha remitido a Bruselas. "Estamos hablando de una errata dentro del cuerpo del Plan y en la ficha fiscal lo que se prevé es la creación del grupo de expertos de la reforma fiscal, que evaluará las cuestiones de la AIREF en cuanto a la eficacia de las bonificaciones fiscales que ya existen", reiteró Calviño, tras recordar que este organismo ha cuestionado la tributación conjunta en el IRPF desde el punto de vista de la igualdad de género.

Impuesto de matriculación y circulación

El Gobierno prevé la "revisión de las figuras tributarias que gravan la matriculación y la utilización de vehículos con objeto de adaptarlas a estándares medioambientales". En la práctica, supondrá previsiblemente la revisión o eliminación de los beneficios fiscales que existen en los impuestos de matriculación y circulación. 

Actualmente, los vehículos cuyas emisiones de CO2 no superen los 120 gr/km están exentos del pago del impuesto de matriculación, cedido a las comunidades autónomas. El resto de vehículos pagan en función de su nivel de CO2. En concreto, entre un 4,75% y un 14,75% de su base imponible (su precio antes de aplicar impuestos).

En cuanto al impuesto de circulación o Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), en manos de los ayuntamientos, es un tributo que todos los vehículos están obligados a pagar anualmente y que se calcula en función de la potencia y el tipo de máquina. En la ciudad de Madrid, por ejemplo, los coches pagan entre 20 -menos de 8 caballos fiscales- y 224 euros -más de 20 caballos fiscales-.

Reducción de la bonificación al diésel

Aunque el Gobierno no lo cita expresamente habla de la "revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante para la equiparación progresiva de los tipos impositivos en atención a su poder contaminante". Esto supondría el final de la bonificación al diésel para "acercar" su tributación a la de la gasolina, lo que implicará que a los conductores que vehículos que usen este tipo de combustible les costará más llenar el depósito.

El Ejecutivo calcula que esta medida supondrá un encarecimiento de este tipo de combustible de unos 3,45 euros al mes para un consumidor medio. El Ministerio de Hacienda ya intentó incluir esta reducción de la bonificación en los  Presupuestos Generales del Estado de 2021, pero que tuvo que retirar la propuesta por exigencia del PNV, que condicionó su apoyo a las cuentas, entre otros, a la paralización de esta medida. 

Peajes en las autovías

El plan presentado a Bruselas contempla "crear un pago por uso de la red viaria de carreteras", lo que se traduce en la posibilidad de introducir peajes en las autovías en 2024. El coste sería de un céntimo por kilómetro, por lo que ir, por ejemplo, de Madrid a Cádiz en coche costaría poco más de 6,5 euros.  

Fuentes de Moncloa han explicado a 20minutos que no hay ninguna propuesta definitiva y han recordado que la medida ya se aplican 23 de los 27 países de la UE –15 de ellos cobran por el uso del 100% de su red de autovías–, por lo que de los que se trata es de "abrir un debate".

Este jueves, la ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho que la fecha de 2024 para implantar peajes en las autovías españolas "puede ser orientativa" pero siempre dependerá de la recuperación económica y de que se vuelva a los niveles habituales de crecimiento del PIB anteriores a la pandemia de la covid. 

Por su parte, la semana pasada, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya pidió "tranquilidad" y recordó que su departamento sólo ha recalcado que "hay que financiar la conservación de la red vial", un gasto que no se cubre con la cantidad que cada año consignan los presupuestos generales para esta partida.

Ábalos agregó que en los últimos meses se eliminaron peajes en la AP-7 entre Alicante y Tarragona, la AP-4 entre Sevilla y Cádiz y la AP-I en Burgos, lo que incrementa el total de kilómetros cuyo mantenimiento asume el Estado. Este año se prevé suprimir, por ejemplo, el peaje en el tramo Zaragoza-Barcelona.

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