Las comunidades rechazan el decreto para el final de la alarma y Darias solo plantea endurecer medidas voluntarias

  • Cataluña considera una "broma" levantarlo de golpe, Castilla y León critica la "judicialización" de las decisiones y Murcia lamenta que quedan "desamparados".
  • ​Castilla-La Mancha y Canarias instan al Consejo Interterritorial a consensuar restricciones que los tribunales frenarían de forma individual.
Los ministros de Interior, Sanidad y Política Territorial, en la Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles.
Los ministros de Interior, Sanidad y Política Territorial, en un Consejo Interterritorial de Salud.
Borja Puig de la Bellacasa

Las comunidades autónomas han levantado este miércoles la voz en el Consejo Interterritorial en contra del decreto que aprobó este martes el Consejo de Ministros, que delega en el Tribunal Supremo la decisión última sobre si podrán o no mantener restricciones como los cierres perimetrales o el toque de queda cuando se levante el estado de alarma el sábado que viene.

La mayoría de los consejeros han criticado una medida que creen que supone "judicializar" la gestión de la pandemia o que simplemente puede que no sea efectiva, y han llamado la atención sobre "el problema" que provocará el fin de la alarma. Reunidos en el Consejo Interterritorial de Sanidad, han exigido al Gobierno "herramientas" jurídicas que permitan a las comunidades tomar decisiones sin tener que depender de los tribunales. 

Estas críticas y llamadas de atención generalizadas contrastan con la propuesta que les ha hecho la  ministra de Sanidad, Carolina Darias, que únicamente ha planteado "revisar" el catálogo de medidas que las comunidades pueden tomar de manera voluntaria en función de su situación epidemiológica. Sin rechazarla, los consejeros han considerado que la actualización del llamado "semáforo" no es suficiente para la situación que se abrirá a partir del 9 de mayo.

A pocos días de que se levante el estado de alarma, el Consejo Interterritorial ha vivido este miércoles una de sus sesiones más agitadas, con la intervención de hasta 11 consejeros para hablar sobre un mismo tema: el final de las restricciones como consecuencia del decaimiento de la alarma y la decisión por parte del Gobierno de delegar en los tribunales decisiones que las comunidades creen que deberían tomar los gobiernos, bien regionales o el central.

Por ejemplo, la consellera catalana, Alba Vergès, ha considerado "una broma" acabar "de golpe" con el estado de alarma y que "se traspase a los tribunales" la toma de decisiones, de acuerdo con el decreto que aprobó este martes el Consejo de Ministros y que Darias ha presentado este miércoles a los consejeros de Sanidad.

Con el final del cierre perimetral e incluso del toque de queda nocturno, Galicia ha advertido de que las comunidades se quedan sin "herramientas jurídicas" para "remediar" el aumento de la movilidad que se producirá ahora y que hasta hace escasas semanas era uno de los principales factores que el Gobierno vinculaba con el aumento de contagios. También el consejero de Murcia ha lamentado que las comunidades queden "desamparadas" y ha enfatizado que las autonomías "necesitan algo más" que el decreto aprobado este martes.

Ese "algo más" difiere según el gobierno regional de que se trate. Así, el consejero del País Vasco ha reclamado que "se traslade" a las comunidades la gestión de la pandemia y que puedan tomar decisiones que no tumben los tribunales. Andalucía ha exigido de nuevo una reforma de la Ley de Salud Pública de 1986 que el presidente, Pedro Sánchez, se comprometió a acometer hace meses. No se ha hecho nada y Darias ha contestado este miércoles que sería un "atajo" y algo "inconstitucional".

Restricciones consensuadas

Las llamadas de atención no se han quedado ahí y también han llegado de autonomías gobernadas por el PSOE. Castilla-La Mancha ha subrayado el "problema" que se creará el domingo cuando ya no estén en pie el toque de queda, los límites a las reuniones sociales o los cierres perimetrales, herramientas todas que se sostenían con el estado de alarma. 

De ahí en adelante, el consejero castellanomachego, Jesús Fernández, ha insistido en que haya acciones realmente consensuadas por todas las comunidades y que las decisiones se tomen en el Consejo Interterritorial de manera "consensuada" para ir a los tribunales -el Supremo- si es necesario. "Ningún tribunal nos dará la razón individual", ha dicho, según personas presentes en la reunión.

Canarias se ha unido a esta propuesta de consensuar cierres perimetrales o toques de queda en el Consejo Interterritorial y Aragón ha mostrado también que necesitaría una medida en este sentido porque su ley sanitaria para abordar estos derechos fundamentales no incluye el toque de queda o el cierre perimetral.

Revisar las recomendaciones

Frente a estas muestras de "preocupación" y búsquedas de alternativas para poder mantener restricciones clave tras el final del estado de alarma, la propuesta de Darias no se ha centrado más que en la posibilidad de revisar las "recomendaciones" que aparecen en el "semáforo" de la pandemia para que tengan un "funcionamiento más contundente".

Ajena a las peticiones de las comunidades, Darias ha planteado en el Consejo Interterritorial algo que queda muy por debajo de los cierres perimetrales o los toques de queda en la escala de restricciones y se ha mostrado partidaria de "dar más contenido y volumen" a las medidas que pueden tomar las comunidades si su situación empeora. Son las que se definen en el llamado Documento de Actuaciones Coordinadas, el "semáforo" de medidas en función de la situación de la pandemia en cada comunidad, y que giran en torno a los horarios comerciales o los aforos de los establecimientos, que son competencia autonómica. Pero que no dice ni puede decir nada sobre restricciones de movimiento o de reunión, porque estas estaban cubiertas bajo el paraguas del estado de alarma, que dejará de estar en vigor el 9 de mayo.

En todo caso y aunque comunidades como Cataluña han considerado una "broma" que esa sea la única alternativa del Gobierno, el Consejo Interterritorial ha acordado que Sanidad elaborará una propuesta que se presentará a la reunión del miércoles que viene.

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