La iniciativa ha sido firmada por los diputados del PP por Cantabria, Diego Movellán y Elena Castillo, ha informado la formación.

Movellán ha recordado que su partido ha exigido al Gobierno en repetidas ocasiones que adoptase las medidas necesarias para devolver ese importe, llegando a aprobarse "holgadamente" una Proposición de Ley que presentó en 2018, pero nunca se ha llevado a ejecución. La última reclamación fue mediante una enmienda a los Presupuestos Generales del 2021 que fue "vetada directamente y no se llegó ni a debatir".

Por su parte, Castillo ha señalado que el Estado "tiene una deuda con Cantabria de 45,5 millones", correspondientes a la mensualidad de IVA impagada en diciembre de 2017, "y es una reclamación legítima y justa".

"El Gobierno de Sánchez tiene que cumplir con los cántabros sin esperar ni un minuto más, tal y como lo ha reconocido el Tribunal Supremo con respecto a esta misma liquidación en otros territorios", ha indicado.

Ambos diputados han lamentado que nuevamente tienen que ser los tribunales los que "hagan justicia con Cantabria", ya que Sánchez "está negando constantemente los recursos" a esta comunidad "con el silencio cómplice" del presidente regional, Miguel Ángel Revilla y sus socios de Gobierno socialistas.

"Revilla vuelve a beneficiarse del trabajo y la lucha de otras administraciones gobernadas por el Partido Popular" y "los cántabros ya tenemos comprobado que entre defender a Cantabria o seguir en su sillón, Revilla siempre elige lo segundo", han dicho los diputados.

Los populares han recordado que la Administración General del Estado recibió en 2017 los ingresos correspondientes a doce meses de IVA, aunque solamente contabilizó en el presupuesto de ingresos once meses: la recaudación por IVA del mes de noviembre de ese año se ingresó en 2017 pero se contabilizó en 2018.

El problema se generó con la implantación, durante ese año, del sistema para el Suministro Inmediato de Información (SII), lo que generó un retraso en la fecha límite de presentación de las declaraciones y en su contabilización, llegando a producirse hasta dos meses de retraso, de manera que la recaudación por IVA del mes de noviembre de ese año se ingresó en 2017, pero se contabilizó en 2018.

Esto ha provocado un doble perjuicio a las comunidades autónomas. En primer lugar, el rendimiento definitivo del IVA se calcularía en base solamente a once meses de recaudación, cuando los contribuyentes de este impuesto ingresaron en la AEAT doce meses de recaudación durante el año 2017. En segundo lugar, la recaudación estatal por IVA se utiliza de forma indirecta para determinar la evolución de distintos fondos del sistema de financiación autonómica, que también se vieron reducidos.

El Partido Popular lleva reivindicando, desde entonces y con diferentes iniciativas, la devolución del IVA adeudado con las comunidades autónomas, e incluso se lo han reclamado desde comunidades gobernadas por el PSOE, pero la respuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue que "ese dinero ya no existe" y, por tanto, no se iba a devolver nada.

Recientemente se ha conocido que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dado la razón a la Junta de Castilla y León al estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por las repercusiones en la liquidación del IVA del ejercicio de 2017, y ha condenado a la Administración General del Estado a abonar a la Administración autonómica demandante la compensación correspondiente, cuyo importe definitivo se fijará en ejecución de sentencia.