De esta forma, ha explicado la consejera de Igualdad del Gobierno autonómico, Blanca Fernández, el Gobierno autonómico reedita su postura ante este tipo de asesinatos en virtud de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

Tras anunciar este extremo, ha considerado la también portavoz del Gobierno que "es el momento de adaptar la ley estatal al convenio de Estambul, aunque hay fuerzas reaccionarias que niegan la existencia de la violencia machista", por lo que ha instado al Gobierno autonómico a poner en marcha la maquinaria para esta equiparación.

La violencia machista es "un problema estructural" que radica en una desigualdad instalada en la sociedad, "una pandemia para la que no existe vacuna ni receta mágica".

Por ello, una legislación nacional sería "la fórmula a utilizar", después de una estadística que se coloca en 1.086 mujeres asesinadas desde que se computan en 2003. Además, el 80% de las denuncias que llegan a juicio acaban en sentencia condenatoria, por lo que "queda mucho por hacer".