Parte de los 800 trabajadores sociales de Barcelona han denunciado este martes con una protesta ante el Ayuntamiento el colapso que padecen, cuando se cumple un año de la pandemia, al estar dando una primera respuesta a trámites y servicios sociales que no les corresponden de entrada o en exclusiva. Y también al estar obligados a tener presencia en desahucios en virtud de un acuerdo alcanzando con la judicatura. Además, están siendo objeto de ataques y agresiones por parte de personas que han sido desalojadas o que viven situaciones límite.
El Col·legi Oficial de Treball Social hizo el pasado lunes un balance del impacto del primer año de pandemia en este gremio. Un año "muy duro" para estos profesionales que han estado en primera línea de atención y en el que han tenido que hacer frente a situaciones urgentes "sin las herramientas ni los medios, en la distancia y telefónicamente".
El colapso que han sacado a relucir este martes los trabajadores sociales lo ha comportado en los últimos meses un aumento de las personas con necesidades sociales, económicas y psicológicas derivadas de la crisis de la Covid (con una cifra histórica de 88.000 atenciones en 2020).
Ante este aumento ingente de trabajo, el sector dice encontrarse "solo" por la falta de implicación de la administración. Una de las pancartas exhibidas por los manifestantes este martes en Sant Jaume exigía servicios sociales "de calidad" bajo el lema: "Mientras los políticos no dan la cara nosotros lo hacemos cada día por la ciudadanía".
Esto les lleva a tener que asumir tareas que no les corresponden, como tramitar el Ingreso Mínimo Vital de las personas a las que atienden, que han subido un 11% con la crisis sanitaria de la Covid.
El propio Ayuntamiento alertaba semanas atrás de la grave saturación de los servicios sociales. En los últimos días, hasta cinco centros de servicios sociales de Barcelona han sido objeto de ocupaciones de protesta, pintadas o ataques por parte de personas afectadas por la pandemia que han acudido a ellos.
Las plantillas lamentan que desde el Ayuntamiento no haya habido una respuesta institucional a estos ataques.
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