La Fiscalía Provincial de la Comunidad de Madrid considera que no hubo un delito de administración desleal en la caja de solidaridad de Podemos y, por tanto, no procede la imputación de la actual ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, y la cúpula de la formación. Así lo expone el Ministerio Público en una batería de escritos que ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid en los que se opone a las peticiones de las acusaciones populares, que también solicitaban investigar las cuentas del administrador de Neurona, la consultora cuya contratación en la campaña electoral de las elecciones del 28 de abril está bajo investigación judicial, y de Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos.

El juez Juan José Escalonilla tampoco vio delito alguno en la caja de solidaridad de Podemos y archivó la causa, si bien la Audiencia Provincial corrigió esa decisión y ordenó reabrir la investigación en torno a ese fondo, donde los miembros depositan la diferencia que hay entre la limitación de su sueldo y su sueldo real. Después, la exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, insistió en la imputación de Belarra y de la cúpula, que ahora la Fiscalía rechaza. "No existe indicio alguno del delito de administración desleal denunciado”, expone el Ministerio Público, que también añade que “lo mismo puede decirse en relación al reembolso de gastos respecto de los que no existía indicio alguno de su ilicitud”.

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Pone así en duda la Fiscalía "la tesis de la recurrente" y recuerda que la normativa de la formación atribuye a la gerencia, que recae en Rocío Val, también imputada, la gestión de recursos humanos y de la gestión patrimonial, por lo que dice que "existen dudas razonables" de que la gerente interviniese en los "órganos económicos del partido". Añade que "aun cuando la gerente se hubiera extralimitado de sus funciones", el delito de administración desleal "exige un perjuicio que en este caso no se ha determinado dado que el partido no se considera como tal, a lo que se une que consta certificado del partido aprobando los complementos según sus normas internas”.

Para finalizar su exposición sobre el rechazo a la imputación de Belarra y de la cúpula morada, subraya el Ministerio Público que la cuestión de "si es o no ético o si se incumplieron las normas internas podrá ser discutido en otros foros, pero desde luego no en el ámbito de una investigación judicial".

También Vox, acusación particular en el caso, recurrió el sobreseimiento provisional acordado por Escalonilla. La Fiscalía lo rechaza, al igual que el de Cánovas, porque recuerda que "los estatutos de la formación permitían a la gerente crear nuevos complementos salariales", que "fueron aprobados por los órganos internos del partido de conformidad con sus normas internas". Este punto fue recogido por Escalonilla para el archivo. "En las funciones de la gerente cabe incluir la facultad de creación de complementos salariales", rezaba la sentencia que fue conocida el pasado 16 de marzo. 

Así, la Fiscalía también añade que "no deja de extrañar" que sea la acusación popular [Vox] "la que ve indicios de delito de administración desleal cuando el perjudicado, el propio partido político, no se considera como tal". "Y lo hace", continúa el Ministerio Público, "sobre la base de desconfiar de los representantes del partido que certifican el cumplimiento de la normativa interna, solicitando incluso en el escrito de reforma, se considere a Ione Belarra (quien certifica la regularidad de los complementos) como investigada por delito de encubrimiento o estafa procesal”. 

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También se opone la Fiscalía a la petición de Vox de insertar en la investigación judicial documentos aportados por una testigo "relativos a expedientes sobre la contratación o el uso fraudulento de los fondos de la caja de solidaridad". Esta línea de investigación fue archivada también por Escalonilla, que entendió que las transferencias de #404 Comunicación Popular a Podemos se debían a trabajos prestados por la sociedad, y reabierta por la Audiencia.

Los argumentos para ello también los usa para impugnar una parte del recurso de Podemos, que rechazó la apertura de diligencias tras la documentación aportada por Mónica Carmona, ex responsable de cumplimiento normativo y, junto a José Manuel Calvente, denunciante del caso Neurona.

"Ahora bien", sostiene el Ministerio Público, "es preciso un pronunciamiento sobre los hechos que constituyen ampliación de la denuncia" sobre tres hechos "concretos": "Las cuestiones relativas al abono de las costas que miembros del partido estaban cobrando en procedimientos particulares cuando les habían representado profesionales del partido, la contratación para servicios personales por parte de Irene Montero a trabajadores del partido y las donaciones a la escuela Pablo Freire y a la Fundación 25M".

Por último, la Fiscalía también rechaza investigar las cuentas del administrador de la consultora Neurona, Elías Castejón, y de Juan Carlos Monedero, cofundador del partido. Esas diligencias, expone en el escrito, son "claramente innecesarias" y "no son objeto del procedimiento". Monedero declaró el pasado 31 de marzo después de que el juez Escalonilla le imputase por una factura que justificaba un pago de 26.000 euros de la matriz mexicana de Neurona y que la UDEF consideraba "falsa". 

El cofundador de Podemos admitió que la redactó mal al no ser "especialmente habilidoso" en esa tarea, pero que "lo relevante" es que "aparecen los conceptos y aparece la cantidad". "Seguramente, al ser doctor en Ciencias Políticas no voy a poder dar clases de cómo se hace bien una factura, pero, señoría, en la factura establece quién tiene que pagar, que es Neurona; quién cobra, que soy yo; cuál es la cuenta donde hay que introducir el dinero. Aparecen los conceptos y aparece la cantidad", expuso.