Este asunto centra la moción que el grupo municipal presentará en el próximo Pleno de la corporación, en la que insta al Gobierno de España a poner en marcha un plan estatal de rehabilitación de viviendas que prime la eficiencia energética, la accesibilidad y otros elementos de urbanismo sostenible, destinado especialmente a los edificios ubicados en zonas vulnerables.

"La rehabilitación de viviendas en barrios en riesgo de exclusión es una herramienta más para garantizar el derecho a una vivienda digna y es una forma de contribuir a reactivar de manera sostenible el sector de la construcción", ha afirmado en una nota su portavoz, Javier Ureña.

También ha planteado que las subvenciones destinadas a viviendas en alquiler, condicionadas a que tengan precios asequibles, excluyan a los grandes tenedores y se concedan en función de la renta de los residentes. Y, en todo caso, respetando las rentas de los contratos de alquiler "sin que la rehabilitación sea utilizada para la elitización de los barrios populares con el incremento de los precios y, por ende, se expulse a las personas inquilinas de sus residencias".

Para llevar a cabo estos acuerdos, Adelante Jaén propone que el Ayuntamiento elabore un censo de edificios ubicados en zonas vulnerables, definidos en base a indicadores urbanísticos en los que se considere tanto la edificación, como el nivel de renta y el riesgo de vulnerabilidad de la población.

La moción demanda, igualmente, que la Administración Local "asuma un papel activo en el proceso de transición ecológica" con el fin de garantizar el cumplimiento del Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, y promueva en los edificios públicos todas las actuaciones posibles encaminadas a la reducción del consumo de energía y un mayor uso de fuentes renovables.

De esta forma, la coalición de Podemos e Izquierda Unida, insta a que, para la adquisición de nuevos inmuebles de titularidad pública se lleve a cabo una planificación que garantice la condición de éstos como edificios de consumo de energía casi nulo e impulse el desarrollo de las infraestructuras necesarias para la recarga inteligente de los vehículos eléctricos.

"La transición ecológica pasa inevitablemente por la reforma de la regulación del autoconsumo para eliminar las barreras administrativas y económicas, impulsadas por el gobierno de Rajoy para beneficiar a las compañías eléctricas, que desincentivan su desarrollo e impiden transitar hacia un modelo energético en el que la ciudadanía adquiera un papel como productora y no sólo consumidora", ha concluido el concejal.