En concreto, el texto aprobado pide un estudio que "compare las ventajas de la prestación pública a través de un medio propio de los servicios públicos externalizados en la Administración del Principado de Asturias atendiendo tanto a su eficiencia como a su calidad en su prestación y a presentarlo en esta Junta General en forma de comunicación".

Ese estudio empezaría por analizar en el citado aspecto la gestión de los servicios de lavandería, limpieza y cocina tanto en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) como en Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA)

La Junta General del Principado, a través de la proposición aprobada, también pide al Consejo de Gobierno poner en marcha, en el marco de la reforma de la Administración pública y antes del fin del presente año, un programa de evaluación integral de la gestión de los servicios públicos autonómicos, sean estos de gestión pública, de gestión social o de gestión concertada, impulsando "los mecanismos necesarios que permitan realizar dichas evaluaciones para conocer tanto el cumplimiento de los objetivos establecidos como el nivel de satisfacción de los usuarios".

IU había incluido un tercer punto en su iniciativa de orientación al Gobierno asturiano, en el que reclamaba que se estableciese un catálogo de los servicios que en ningún caso pueden ser susceptibles de la gestión privada. Sin embargo, este punto fue retirado por la coalición después de que el PP presentase una enmienda para ello.

Desde el PSOE, el diputado Ricardo Suárez ha justificado su voto en contra diciendo que "no es el momento ni el procedimiento". Ha indicado además que la Inspección de Servicios del Gobierno asturiano ya está analizando el funcionamiento de la Administración para detectar posibles desajustes.