Según informa el Ejecutivo autonómico en un comunicado, el informe de la Asesoría Xurídica fue enviado este mismo miércoles por las conselleiras de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y de Mar, Rosa Quintana, junto con una carta, en la que le reiteran a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que de no proceder a la retirada de los artículos 18.3 y 18.4 del proyecto de ley, su redacción afectará a la seguridad jurídica del tejido empresarial que se encuentra en el dominio público marítimo terrestre.

"Una vez más queremos trasladarle nuestra preocupación por la inclusión del artículo 18 en la Ley de cambio climático. Nos preocupa, especialmente, la redacción de los apartados 3 y 4 y sus repercusiones negativas en el litoral gallego, donde se realizan actividades respetuosas con el medio ambiente que constituyen el modo de vida de miles de familias gallegas", arranca la misiva.

Las conselleiras subrayan que el Estado central no cesa en su objetivo y pretende ahora con la inclusión de los artículos 18.3 y 18.4 en la Ley de cambio climático establecer un nuevo precepto regulador de los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre.

"CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN"

Según explican, la redacción propuesta por el Ministerio del artículo 18.4 solo podría aplicarse a las concesiones anteriores a la Ley 2/2013, ya que el artículo 66 de la Ley de costas regularía a las que se concedieron después de esa fecha y por lo tanto la duración, de concesión y prórroga, no podrá superar los 75 años.

Indican, además, que es contrario al artículo 33.3 de la Constitución y que "afectaría a los derechos integrados de los afectados", pues se verían "privados anticipadamente de una concesión adquirida sin la correspondiente indemnización".

MODIFICACIÓN DE DOS NORMAS

Por otra parte, Ángeles Vázquez y Rosa Quintana recuerdan que esta no es la primera vez que se le traslada al Ministerio las repercusiones negativas sobre la regulación de los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre.

En esta línea, abundan que la Xunta se mostró contraria a la modificación urgente del reglamento de la Ley de costas, con la que se pretendía limitar la duración de la prórroga extraordinaria de las concesiones en el dominio marítimo terrestre, fijando la vigencia de la concesión en 75 años a contabilizar desde el momento de la concesión inicial.

Según se argumentó en su momento, "lo único que fundamentaba esa regulación era un informe jurídico que no tenía en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2015 en la que se indicaba que no se podía negar al legislador de costas su margen de configuración de la duración de la prórroga extraordinaria y que no se estaba realizando una transcripción correcta del Dictamen del Consejo del Estado sobre el reglamento".

PERDER 37.000 EMPLEOS Y 10.000 MILLONES

Dichas consideraciones -remarca la Xunta- fueron aceptadas por parte del Ministerio, que suspendió la tramitación de la modificación reglamentaria, evitando de este modo cambios en los títulos de ocupación.

"Desde la Xunta de Galicia solicitamos la retirada de los artículos 18.3 y 18.4 del proyecto de Ley de cambio climático, ya que con su actual redacción afectará a la seguridad jurídica de todas las industrias ubicadas en la costa gallega. Y podrá llegar a suponer la pérdida de 37.000 puestos de trabajo y de 10.000 millones de euros", concluyen las conselleiras.

APOYO DE BILDU Y ERC

Por su parte, en un acto en Vilanova, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha indicado que la confirmación que este martes recibió en Madrid el comité de empresa de Ence por parte de Bildu y de Esquerra Republicana (ERC) de que apoyarán este artículo del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética evidencia e"l reconocimiento de su apoyo al cierre de la factoría pontevedresa".

"Mayor evidencia de lo que puede suponer que se apruebe el proyecto de cambio climático en su redacción actual no la puede haber", señaló el vicepresidente de la Xunta, quien ha añadido que la reafirmación en su voto positivo por parte de Bildu y ERC conlleva "un reconocimiento de que se apoya cerrar una factoría, que es, exactamente, lo que la Xunta de Galicia y más de 5.000 familias que dependen de Ence tratan de evitar".

A pesar de ello, indicó Alfonso Rueda, desde la Xunta de Galicia "se va a seguir luchando en lo que se cree que es justo, que es conservar los puestos de trabajo, máxime en un momento en el que la situación económica no es buena".

Rueda apuntó, precisamente, que también este martes el director xeral de la Asesoría Xurídica, "una persona absolutamente independiente", emitió un dictamen en el que "claramente dice que, tal y como está redactado, el proyecto de ley es anticonstitucional" porque no respeta la asesoría jurídica y porque da efecto retroactivo a derechos adquiridos que no solo van a afectar a Ence sino a muchísimas industrias fundamentales, como todas las que tienen que ver con la cadena mar-industria que están en dominio público marítimo terrestre.

El vicepresidente ha agregado que "con esta redacción que el Gobierno central no quiere cambiar verían muy comprometida su continuidad y, por lo tanto, su viabilidad, el mantenimiento de los puestos de trabajo y la posibilidad de crecer hacia el futuro".

Durante un acto celebrado en Vilanova de Arousa, el vicepresidente de la Xunta ha concluido que también este martes mantuvo con los madereros y productores forestales gallegos, "en la que nos pidieron por favor que hiciésemos todo lo posible para evitar lo que parece ser una decisión tomada por el Gobierno central que implica echar, sin ninguna alternativa, a una empresa que se quiere quedar donde está y que quiere seguir creando riqueza".