Carles Puigdemont ya no tiene inmunidad parlamentaria. El Parlamento Europeo ha decidido retirársela después de que la votación sobre el suplicatorio saliera adelante con 400 votos a favor y 248 en contra. También pierden la misma los exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín, con resultados similares. Con todo, ninguno de los tres pierde su condición de eurodiputados, simplemente sus casos vuelven a estar en manos de la justicia y el debate vuelve a situarse en la euroorden.

La clave de la votación, por otra parte, ha estado en que los socios del Gobierno español de coalición han votado divididos, puesto que Podemos ya había anunciado su postura en contra de que se levantase la inmunidad, al entender que el problema en Cataluña es "político" y rechazar la vía "de la judicialización". En todo caso, populares, socialistas y liberales han asegurado la mayoría suficiente para que la votación saliera adelante.

Ahora la idea es que la euroorden se reactive de manera automática. Pero, los abogados de los líderes independentistas ya habían anunciado que, de perder la votación (como así ha sido), presentarían un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE. Esto retrasará más si cabe el proceso. Hace solo unos meses, por otro lado, la justicia belga ya denegó la extradición del exconseller catalán Lluís Puig, por lo que sienta un precedente al que se puede agarrar Puigdemont.

Llarena acude al TJUE

De hecho, el juez Pablo Llarena ya ha remitido una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre el alcance de las posibilidades de emisión de una Orden de Detención Europea (antigua euroorden). En base a esas respuestas, decidirá si emite o no la euroorden contra los implicados. Lo que pretende el magistrado es que la entrega recaiga sobre el TJUE, y no exclusivamente sobre la justicia belga.

Llarena acude a la Justicia europea una vez que las autoridades judiciales belgas denegaron la entrega del exconseller Lluis Puig, porque entienden que el órgano competente para instruir la causa no es el Supremo sino un tribunal catalán y porque su entrega pondría en peligro derechos fundamentales como la presunción de inocencia.

Un escenario que, de no consultar previamente al tribunal europeo, podría plantearse de nuevo con el expresident catalán en Bélgica, de ahí se explica el paso dado por Llarena ante Europa.

Con la respuesta del TJUE el magistrado decidirá si mantiene, retira o emite nuevas euroórdenes respecto a Puigdemont, los exconsellers Puig, Antoni Comín y Clara Ponsatí y la secretaria general de ERC Marta Rovira, procesados en rebeldía por los delitos de sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia.

Entre los 59 eurodiputados españoles, votaron a favor del suplicatorio solicitado por la justicia española los diputados del PSOE (21), PP (13), Ciudadanos (7) y Vox (4), además del eurodiputado liberal Javier Nart, que suman un total de 46 miembros.

La reacción de los implicados pasó por anunciar el recurso ante el TJUE y celebraron que "un 42% de los eurodiputados" les han apoyado". Puigdemont aseguró que "es un día triste para el Parlamento Europeo". Creen que la votación ha estado "dividida" y que eso es algo "excepcional". El expresident fue rotundo en este sentido: "Hemos perdido nuestra inmunidad, pero el Parlamento ha perdido más, y, como resultado, la democracia europea también".

"Los problemas de Cataluña no se resuelven en Europa"

En contra votaron los cinco diputados de Unidas Podemos, el eurodiputado de la Izquierda Miguel Urban; la diputada del PNV, Izaskun Bilbao; el de Bildu, Pernando Barrena; los dos de ERC, Diana Riba y Jordi Solé; y los tres de JxCat.

La reacción desde el Gobierno ha llegado por parte de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, con un "triple mensaje". En primer lugar, dijo, un eurodiputado "no puede valerse" de sus privilegios "para librarse de comparecer" ante la justicia nacional. Además, añadió que se muestra la "solidez" del Estado de Derecho. Y acabó: "Los problemas de Cataluña se resuelven en España, no se resuelven en Europa". Insistió en la "mano tendida" del Gobierno para abordar el tema "desde el diálogo".

Como respuesta al Ejecutivo, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, lamentó la "mala noticia" de la pérdida de inmunidad, y aseguró que su partido podría retirar el apoyo al Gobierno central por "aplaudir" el resultado de la votación. "Si siguen así acabarán celebrándolo en su casa, no en Moncloa".

"El Parlamento Europeo ha enviado hoy un mensaje claro: aquellos que en cualquier lugar de la Unión Europea violen las leyes y pretendan quebrar el estado de derecho deben responder ante la justicia", ha escrito la portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat. Por su parte, el también popular Esteban González Pons ha seguido en esa línea: "Los tópicos iliberales del debate político español no convencen en la UE. El Parlamento Europeo confía en el Estado de Derecho español. Hoy cada uno queda en su sitio".

"Los socios del Gobierno de Sánchez votan en contra de levantar la inmunidad de Puigdemont para evitar que responda ante la justicia española por dar un golpe a la legalidad y la unidad nacional", ha añadido por su parte el presidente del PP, Pablo Casado.

"La democracia gana"

También se pronunció sobre el caso el eurodiputado de Cs, Adrián Vázquez, que es precisamente el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. "Hoy se demuestra que en Europa las normas se cumplen y la democracia gana", sostuvo acerca del caso, que se ha alargado en la Eurocámara desde noviembre, después de más de un año, y que se ha visto afectado por el freno que ha supuesto la pandemia. "Gran noticia y gran triunfo de la democracia. El Parlamento Europeo retira la inmunidad a Puigdemont y deja claro que no es lugar para quienes se saltan la ley", expresó por su parte Inés Arrimadas. "Los valores de la UE son contrarios al nacionalismo y sus ataques al Estado de Derecho".

El Supremo remitió formalmente los tres suplicatorios al Parlamento europeo en enero de 2020 pero la parálisis forzada por la pandemia de coronavirus bloqueó su tramitación hasta el pasado noviembre, cuando se reactivaron con el aval de los servicios legales de la Eurocámara para celebrar las sesiones confidenciales sobre casos de inmunidad por vía telemática.