Informes previos, subvenciones, gasto de personal... los controles que pidió el Consejo de Estado para los fondos UE

Imagen de archivo de Nadia Calviño y Pedro Sánchez.
Imagen de archivo de Nadia Calviño y Pedro Sánchez.
Europa Press

Dos meses después de que el Gobierno aprobara el decreto sobre el reparto de Fondo de la UE para la recuperación tras la pandemia, este lunes se ha conocido el dictamen previo en el que el Consejo de Estado alertó de la falta de "mecanismos de control" que planteaba el Ejecutivo para repartir los 70.000 millones que espera recibir hasta 2023 en ayudas a fondo perdido.

"No parece acertado que la simplificación de trámites se acompañe, necesariamente y en todo caso, de una significativa reducción de los diferentes mecanismos de control previstos en el ordenamiento para garantizar una recta asignación de los fondos recibidos", respondió el Consejo de Estado a la intención del Gobierno de relajar controles y aligerar el procedimiento para acabar con los "cuellos de botella" de la Administración que ralentizarían la llegada de los fondos y la financiación con ellos de proyectos para la transformación económica.

El Consejo de Estado concluye un informe de 97 páginas enumerando las cuatro recomendaciones que, aunque no vinculantes, le gustaría ver en la versión final del decreto ley. En su momento, fuentes del Gobierno aseguraron que se habían asumido "todas", aunque una comparativa entre el dictamen y el decreto refleja que no fue así por lo que respecta a las subvenciones, que, al contrario de lo que dijo el órgano consultivo, no deben tener luz verde del Consejo de Ministros ni tampoco del Ministerio de Hacienda.

"Preocupa, en especial, a este Consejo de Estado la opción de suprimir los principales controles económico-presupuestarios en la celebración, modificación y extinción de este tipo de convenios, máxime si esta eliminación se pone en conexión con la ampliación de la duración prevista para los mismos", dejó dicho el Consejo de Estado.

Informes preceptivos

El Gobierno pretendía que la tramitación de los convenios -la principal fórmula para canalizar los fondos desde la Administración receptora hasta las empresas que ejecutarán proyectos con ellos- pudiera llegar a su fin incluso aunque no estuvieran listos los informes preceptivos, algo que suscitó "algunas discrepancias", con el Consejo de Estado. El organismo admite que pueda continuar el proceso pero no concluir sin ellos. "El procedimiento no podrá ser resuelto expresamente en tanto no hayan sido emitidos todos los informes preceptivos que hayan de recabarse”. Su omisión, advirtió en el dictamen, podría llevar a la "nulidad del convenio", además de que y que "dichos informes cumplen una función relevante para garantizar su legalidad y acierto".

La "supresión de la práctica totalidad de los instrumentos de control previstos con carácter general para la suscripción de convenios y sus eventuales modificaciones" es la "observación más relevante" que hace en su dictamen el Consejo de Estado.

"Puede entenderse la supresión de la intervención del Consejo de Ministros, habida cuenta de que requiere una tramitación más compleja y puede abarcar un mayor horizonte temporal; pero no parece aceptable, a juicio de este Consejo, eliminar con carácter general la autorización de la Ministra de Hacienda", dice.

Fiscalización previa

En el borrador del decreto, el Gobierno quería excluir de la intervención, algo sobre el Consejo de Estado pidió una "reconsideración" de la eliminación de la "fiscalización previa" que el Ejecutivo contemplaba para “expedientes que se financien con cargo a los fondos de los Planes Next Generation UE”.

La intención inicial del Gobierno es que esto fuera una excepción y el Consejo de Estado replicó que "debe establecerse que "la regla general debe ser la sujeción a fiscalización previa" y "solo excepcionalmente, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, para supuestos tasados y con la debida motivación, debiera admitirse la exclusión de la función interventora".

Tramitación de urgencia

El Gobierno preveía obligar a tramitar de urgencia los procedimientos administrativos de ejecución de gastos con cargo a los fondos europeos, reduciendo los plazos a la mitad pero solo aquellos supuestos en que los informes se soliciten a otra Administración o a un órgano u organismo dotado de especial independencia o autonomía. Pero no dentro de la misma Administración -por ejemplo, la Administración General del Estado-, que el Consejo de Estado considera que sería lo "coherente".

Subvenciones

El Consejo de Estado recuerda que el Tribunal de Cuentas "ha subrayado la necesidad de articular los mecanismos precisos para un control efectivo de los fondos públicos destinados a subvenciones y cuestiona "la supresión generalizada del informe de la Intervención Delegada". También plantea "algunas dudas sobre la supresión del informe del Ministerio de Hacienda para el otorgamiento de subvenciones 'en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública'”, tal  y como planteaba el Gobierno, al considerar que, dado que es uno de los "supuestos en que excepcionalmente se admite la concesión directa de las subvenciones (...) cobran todo el sentido los mecanismos de control adicional respecto del régimen general de las subvenciones".

En esta ocasión, el Gobierno mantuvo su plan inicial y en el decreto se leer lo mismo que cuestionó el Consejo de Estado en su informe previo, que para conceder subvenciones a cargo del fondo europeo "no será exigible la autorización del Consejo de Ministros" y tampoco "será necesario el informe del Ministerio de Hacienda para el otorgamiento de subvenciones 'en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública'".

Memoria económica y empresas adjudicatarias

Sin llegar a pedir una modificación, el Consejo de Estado llamó la atención del Gobierno sobre la falta de una memoria económica detallada que acompañara al decreto y sobre las incoherencias acerca de la acreditación que deben tener las empresas para demostrar que están capacitadas para llevar adelante proyectos financiados con el fondo europeo.

En el primer caso, constató la "manifiesta insuficiencia de la memoria remitida" con el decreto, en concreto, porque no incorporó una "memoria del análisis de impacto normativo" y también económico, en particular sobre el aumento del gasto público que va a suponer su intención de reforzar la gestión de los fondos europeos destinando más funcionarios públicos a esta tarea.

El Consejo de Estado subrayó la "exigencia del análisis del impacto presupuestario", que debía comprender "al menos, una referencia a los efectos en los ingresos y gastos públicos y que incluirá la incidencia en los gastos de personal, dotaciones o retribuciones o cualesquiera otros gastos al servicio del sector público".

Por otra parte, pidió modificar la redacción del decreto para corregir algo que consideraba confuso, que las empresas que interesadas en participar en un proyecto estratégico (los denominados PERTE) tengan que estar inscritas en un registro para demostrar que cumplen con la capacidad para llevar a cabo los trabajos pero al final también pudieran estar “vinculadas al desarrollo de un PERTE” empresas no inscritas en el registro -y, por tanto, no acreditadas- vinculadas a otras que sí lo estén.

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