El Consejo de Estado mostró su "preocupación" al Gobierno por eliminar "controles" al gasto del fondo europeo

El presidente del Gobierno, durante su participación en el Consejo Europeo que ha concluido este viernes.
El presidente del Gobierno, durante su participación en el último Consejo Europeo.
EFE

El Consejo de Estado mostró su "preocupación" ante el Gobierno por la eliminación de "controles" para dar destino a los fondos europeos en su evaluación del real decreto que diseñó Moncloa para crear una nueva estructura y procedimientos para dar agilidad y eliminar cuellos de botella a la gestión de convenios y otros acuerdos para gastar los 70.000 millones de subvenciones que espera recibir el Ejecutivo de Bruselas hasta 2023.

El Consejo de Ministros aprobó el real decreto el pasado 30 de diciembre de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Antes, el Consejo de Estado lo evaluó y de acuerdo al informe al que ha tenido acceso este periódico, mostró su "preocupación" por "la supresión de la práctica totalidad de los instrumentos de control previstos con carácter general para la suscripción de convenios". En concreto, llamó la atención sobre los "controles económico-presupuestarios" dado que en el decreto "se suprimen las autorizaciones para celebrar los convenios, para su modificación o para su extinción, así como la prevista para la concesión de préstamos y anticipos al tipo de interés inferior al de la Deuda emitida por el Estado".

"Preocupa, en especial, a este Consejo de Estado la opción de suprimir los principales controles económico-presupuestarios en la celebración, modificación y extinción de este tipo de convenios, máxime si esta eliminación se pone en conexión con la ampliación de la duración prevista para los mismos", dice la institución sobre una falta de controles que señala que es su "observación más relevante".

El Consejo de Estado hace extensiva esta preocupación a las "especialidades de gestión” que el decreto fijaba para permitir más laxitud en  en la gestión y control presupuestario, en la evaluación ambiental de los proyectos, en la contratación administrativa y en subvenciones y convenios. "No parece acertado es que la simplificación de trámites se acompañe, necesariamente y en todo caso, de una significativa reducción de los diferentes mecanismos de control", apuntó.

Este Real Decreto fue convalidado en el Parlamento pero el PP acusó al Gobierno de haber ocultado el citado informe del Consejo de Estado. El citado organismo lo ha hecho público este lunes con la advertencia de que se deben implementar "todas las medidas precisas para garantizar una adecuada y eficiente asignación de los recursos procedentes de los fondos europeos y, en particular, del Instrumento Europeo de Recuperación".

El informe del Consejo de Estado consta de 97 páginas y no tiene carácter vinculante, de ahí que el Gobierno se haya negado a darlo a conocer. Tampoco cuando hace unas semanas el presidente del PP, Pablo Casado, encabezó en el Congreso la reclamación de su partido para que Sánchez diera información de las observaciones que se hicieron a su decreto. Por su parte, fuentes del Gobierno aseguraron que "todas" las indicaciones del Consejo de Estado se tuvieron en cuenta.

La preocupación del Consejo de Estado sobre la falta de control para celebrar convenios tiene un interés especial porque es este instrumento el principal al que piensa recurrir el Gobierno para que las empresas puedan ejecutar con los con los fondos europeos los proyectos que sean señalados como apropiados.

De ese modo, el Consejo de Estado advirtió en contra del propósito que admitió el Gobierno en el preámbulo del decreto ley, la "necesidad de reducir el número de controles y el exceso de trámites preceptivos en tanto han supuesto un cierto límite a la utilización de los convenios como instrumento para articular la colaboración entre las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y los sujetos de derecho privado".

Informes preceptivos y empresas adjudicatarias

Tal y como señala al final del informe, la "preocupación" del Consejo de Estado por la eliminación de controles sobre el destino y uso de los fondos recorre todo el documento y no se limita solo a los  convenios, sino a que se considere que estos pueden autorizarse aun sin tener "informes preceptivos", por lo que respecta también a las exigencias que deben cumplir las empresas que se presenten a concursos públicos financiados con los fondos europeos y también por lo que respecta a la concesión de subvenciones.

"No parece acertado que la simplificación de trámites se acompañe, necesariamente y en todo caso, de una significativa reducción de los diferentes mecanismos de control previstos en el ordenamiento para garantizar una recta asignación de los fondos recibidos", dice el Consejo de Estado.

Así, pidió modificar la redacción en el decreto para corregir algo que consideraba confuso, que las empresas que interesadas en participar en un proyecto estratégico (los denominados PERTE) tengan que estar inscritas en un registro para demostrar que cumplen con la capacidad para llevar a cabo los trabajos pero al final también pudieran estar “vinculadas al desarrollo de un PERTE” empresas no inscritas en el registro -y, por tanto, no acreditadas- vinculadas a otras que sí lo estén.

Más gasto sin detallar

Otra de las "preocupaciones" que mostró el Consejo de Estado al Gobierno fue por la "manifiesta insuficiencia de la memoria remitida" con el decreto, en concreto, porque no incorporó una "memoria del análisis de impacto normativo" y también económico, en particular sobre el aumento del gasto público que va a suponer su intención de reforzar la gestión de los fondos europeos destinando más funcionarios públicos a esta tarea.

Así pues, el Consejo de Estado subrayó la "exigencia del análisis del impacto presupuestario", que debía comprender "al menos, una referencia a los efectos en los ingresos y gastos públicos y que incluirá la incidencia en los gastos de personal, dotaciones o retribuciones o cualesquiera otros gastos al servicio del sector público".

Arquitectura institucional

A lo que no tuvo "ninguna objeción" que hacer el Consejo de Estado fue a la estructura de gobernanza diseñada por Moncloa para decidir en qué gastar los millones de subvenciones europeas y cómo canalizar estas decisiones hacia la realización de proyectos a los que puedan concursar las empresas o consorcios de empresas.

Este órgano consultivo consideró que son "estructuras de gobernanza ambiciosas" pero también "en cierto modo complejas, dada la multitud de órganos intervinientes". 

Se refería a órganos recién creados como la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia  o el Comité Técnico que, junto con los ministerios por debajo y el propio gabinete del presidente, serán claves en la gestión de los fondos.

En este sentido, el Consejo de Estado pidió precisar quiénes forman el Comité Técnico, dado su importante papel, algo que el Gobierno difundió hace unas semanas. 

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