Berkeley destaca los más de 120 permisos e informes favorables para Retortillo y se ofrece para aclarar información

Berkeley Minera España ha señalado que su proyecto en Retortillo (Salamanca) "está avalado por más de 120 permisos e informes favorables, entre los que se encuentran nueve del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)" y ha señalado que "continua a disposición del CSN y del Gobierno para aportar y aclarar la información que sea necesaria sobre el proyecto de Retortillo".

Respecto a las informaciones publicadas recientemente sobre presuntas presiones, la compañía ha subrayado que, "dentro de la absoluta legalidad y del máximo respecto por las instituciones y organismos de la Administración Pública, todo lo que ha hecho es solicitar al CSN que, ante el dilatado tiempo que se está empleando en la evaluación del proyecto, se fijara una reunión en la que se pudiera comentar y aclarar cuál es el estado de dicha tramitación".

Además, enun comunicado recogido por Europa Press, ha añadido que su solicitud ha llegado "a la vista de los extremadamente largos plazos transcurridos" para "conocer de forma definitiva la fecha final en la que se emitirá el informe preceptivo que el CSN ha de emitir en relación con la Autorización de Construcción solicitada para el proyecto Retortillo".

La solicitud de Autorización de Construcción se presentó en 2016, y después de más de cuatro años de tramitación, el objetivo de la reciente correspondencia de la compañía al CSN es "simplemente que el expediente se resuelva de manera oportuna sin más dilataciones".

INFORMES

De nuevo sobre los informes, ha resaltado que cuenta con informes favorables de la Unión Europea como "la apreciación favorable del proyecto de inversión", la confirmación del proyecto como "uno de los proyectos de minería de uranio más eficientes promovidos en el mundo" y "la validación de dos contratos de Off-Take suscritos por la empresa".

Además, en lo que respecto a documentos de la Junta de Castilla y León, ha destacado el informe favorable sobre la repercusión sobre la Red Natura 2000, la declaración de impacto ambiental favorable, la aprobación del Proyecto de Explotación-Restauración-Clausura, el otorgamiento de la concesión de explotación o la autorización de uso excepcional de suelo rústico.

También, ha reseñado los otorgados, según su información, por corporaciones locales, como los convenios de colaboración firmados con los ayuntamientos de Retortillo, Villavieja y Villares de Yeltes para "el desarrollo de la mina" y el convenio con el Ayuntamiento de Vitigudino para la reforestación de 100 hectáreas de terrenos municipales, junto a otros de la Confederación Hidrográfica del Duero, sobre los que ha enumerado la autorización para captación de aguas superficiales y subterráneas, la autorización de vertido de aguas industriales y la autorización de ocupación del dominio público hidráulico.

En cuanto a los expedientes del CSN favorables al proyecto de Retortillo, sobre los que hace referencia, son la Declaración Impacto Ambiental (DIA); la concesión de explotación; la autorización previa de la instalación radiactiva; la autorización de vertido; el informe sobre la no aplicación al proyecto de impactos transfronterizos con Portugal; la aprobación del Programa de Vigilancia Radiológico Ambiental; la aprobación del Estudio Analítico Radiológico y sus resultados, "que ratifica que la dosis a trabajadores y público será menor que el limite establecido"; la aprobación del Plan de Vigilancia de Aguas Subterráneas y el informe favorable para la prórroga de validez de la Autorización Previa.

"Todos ellos han validado el proyecto y han ratificado que el emplazamiento es adecuado para el mismo, no habiendo riesgo de afección ni a personas ni al medioambiente", ha apostillado Berkeley en su comunicado.

A DISPOSICIÓN DEL CSN

Berkeley Minera España ha destacado en la información remitida que "siempre ha estado y continua a disposición del CSN para mantener las reuniones que consideren necesarias y aportar o aclarar la información que sea pertinente".

Asimismo, también ha ofrecido su "disponibilidad al Gobierno y al resto de instituciones del Estado, centrales o autonómicas" para "proveer con total transparencia de la información que pudieran requerir".

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