La campaña de vacunación frente a la Covid-19 apenas lleva un mes en marcha y ya está salpicada de polémica.
En estas primeras semanas, han sido destapados varios escándalos de políticos y personal administrativo a los que le ha sido administrada la primera dosis sin estar dentro de los grupos establecidos inicialmente como prioritarios por el Ministerio de Sanidad.
El plan elaborado por Sanidad dividió a la población en distintos grupos y estableció a cuatro de ellos como prioritarios para lograr inmunizarse frente al SARS-Cov-2 antes de la primavera.
El objetivo central es reducir lo máximo posible el número de fallecidos, por lo que las primeras dosis están siendo destinadas a las residencias de ancianos, tanto a los mayores que se encuentran institucionalizados en ellas como al personal que está a su cargo.
Los primeros escándalos que afectaron a políticos, todos ellos de segunda fila con cargos municipales, se saldaron con su cese y una crítica unánime a su proceder.
Sin embargo, a medida que se han destapado las vacunaciones irregulares de cargos cada vez más relevantes –el último de ellos el ya dimitido Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Miguel Ángel Villaroya–, se ha abierto el debate sobre si ciertos puestos de relevancia deberían estar incluidos entre los grupos prioritarios.
El alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, ha sido, hasta la fecha, el político que más abiertamente ha defendido esta posibilidad. El pasado domingo pidió que cargos como el Jemad o el presidente del Gobierno se vacunasen "lo antes posible".
Un posible "vacío de poder"
Entre los expertos en Salud Pública, vacunología y derecho no existe una posición unánime.
"Yo no me rasgaría las vestiduras porque haya un elenco de autoridades públicas relevantes que consideramos que tienen que estar, al menos, a la par de los sanitarios", declara José María Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza.
"Hay que proteger a la gente que es de riesgo en primer lugar y hay que ver si se puede complementar con proteger a aquellos que tengan funciones muy relevantes dentro de la sociedad. Igual que los consideramos a los sanitarios, yo no veo especial problema en que se hubiera considerado esencial al Jemad o al presidente del Gobierno", añade Gimeno Feliu. "Si la pandemia se extiende y les afectase, se podría generar un vacío de poder".
Desde el ámbito de la Salud Pública, la perspectiva cambia totalmente y se apela a mantener los criterios actuales.
"Yo creo que hay que seguir a rajatabla el protocolo. Lo que estamos es protegiendo a las personas más vulnerables. Si hay personas en el Gobierno que cumplen ese protocolo, se aplica, pero saltárselo me parece indecente", opina Manuel Franco, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas).
"Nosotros debemos defender la salud y proteger la salud y, por lo tanto, luchar contra la enfermedad y la muerte de todas las personas de nuestra población por igual. No hay nadie que valga más que otro", añade Feliu, que defiende el plan actual como "el más adecuado".
Vacunarse para "dar ejemplo"
Ruth Figueroa, presidenta del grupo de estudio de vacunas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), tiene una visión más pragmática del asunto.
"Los políticos deberían vacunarse, pero para dar ejemplo, es el sueño de todos los que vivimos de las vacunas", defiende Figueroa. "Es verdad que la estrategia de comunicación ha sido fatal, porque han quedado como los malos. La vacuna ya tiene bastante mala fama".
La doctora recuerda que es algo que ya se ha hecho en numerosos países de nuestro entorno y defiende abiertamente que se vacune, por ejemplo, el presidente del Gobierno. "Para dar ejemplo y contrarrestar el miedo a los efectos secundarios, a que todos nos vayamos a morir o a que nos vayan a meter el chip con el 5G y todas las cosas que dicen, deberían decir: ‘Lo vamos a experimentar con nuestro máximo responsable’".
La cuestión aquí es, dónde establecer el límite entre los altos cargos que podrían recibir la vacuna y los que no.
"Hay que verlo caso a caso, no es lo mismo un gerente de un servicio público que está continuamente visitando centros, con reuniones físicas, que un alto cargo que no se mueve de su despacho y que está haciendo teleconferencias", señala el doctor Rogelio Altisent, médico de familia experto en bioética, ética y deontología médica.
El doctor Altisent no ve "descabellado que haya personas que por su puesto y por su cargo se le pueda dar el perfil de alto riesgo", pero critica sin tapujos que se haya realizado saltándose las normas establecidas en un principio.
"Eso habría que planteárselo a la comisión nacional que es la que ha establecido los grupos de riesgo que reevalúe introducir esto", declara Altisent, que ve factible otros grupos podrían ser considerados prioritarios "no solo por su interés personal sino por interés público".
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