Lo han planteado a través de un escrito en el que piden "la aplicación del R.D.L 37/2020 de 22 de diciembre de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda", según han informado los citados colectivos en una nota.

De este modo, han demandado "la consecuente paralización" hasta la finalización del actual estado de alarma, el 9 de mayo de 2021, de seis desahucios previstos en la ciudad de Jaén, cuatro de ellos los próximos días 13, 14, 15 y 26 de enero y dos 'sine die'.

En el escrito exponen la realidad cotidiana de las consecuencias de la pérdida de vivienda habitual por causa de los desalojos en el marco de la crisis sanitaria de la covid-19 que se inició en marzo y que continua en la actualidad con un segundo estado de alarma decretado en octubre y que finalizará en mayo de 2021.

"Se le recuerda al juez que mantenerse en el hogar ha sido una de las claves y ha demostrado una vez más la importancia de que la ciudadanía vea satisfecho su derecho a acceder a una vivienda adecuada. Los lanzamientos se dirigen en la dirección opuesta y pueden suponer un riesgo totalmente evitable para las personas demandadas y su unidad familiar, pudiendo vulnerar el derecho a la protección de la salud de éstas", ha señalado desde la AAIB y la PAH.

Ambas organizaciones han solicitado al decanato "que cumpla con el rol en la aplicación del ordenamiento jurídico para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible en este contexto de emergencia habitacional" y cuya finalización está prevista en mayo.

HECHOS Y FUNDAMENTOS

Según han precisado, su petición se basa en dos hechos: que "las personas demandadas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica" descritas en el R.D.L 37/2020 de 22 de diciembre de 2020 de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y que "todas ellas pueden acreditar esa vulnerabilidad social con informes de exclusión social emitidos por sus servicios sociales comunitarios".

Además, se basa en cuatro fundamentos de derecho: en el citado real decreto, en la relevancia jurídica del juicio de proporcionalidad y la protección del menor, en la obligación de realojo asistido ante desalojos del único domicilio según convenios internacionales ratificados por España y jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en la situación sanitaria excepcional en aras de evitar una responsabilidad patrimonial del Estado ante un desalojo forzoso sin realojo adecuado y seguro.

Se ha registrado también un escrito por parte de la Asociación de Vecinos Passo, del Polígono del Valle, y firmas de los vecinos del bloque de una familia numerosa con tres menores de once, ocho y cuatro años, cuyo desahucio está previsto para este miércoles. Una muestra del "apoyo incondicional a esta familia muy querida en el barrio del Polígono del Valle, que vive la incertidumbre del día después del desahucio sin alternativa habitacional".