Entre las discotecas que han presentado una de estas reclamaciones se encuentra la conocida La3 de València, "que se ha visto obligada a cerrar definitivamente debido a que no ha podido soportar las consecuencias derivadas de las restricciones impuestas sin haber recibido ninguna ayuda por parte de la administración".

Esta sala, que contaba con diez años de historia, era "un referente del sector a nivel nacional e internacional y por la misma habían pasado DJs y productores como Jeff Mills, Nina Kraviz, Laurent Garnier, Seth Troxler, 2manydj's, Vitalic y Flux Pavilion, entre muchos otros", destaca Spain Nightlife en un comunicado.

Los empresarios reclamantes, explica la misma fuente, han tomado esta medida "obligados por la situación límite a la que se han visto sometidos".

Recuerdan que el ocio nocturno en la Comunitat Valenciana se cerró en su totalidad el pasado 14 de marzo -debido al estado de alarma decretado desde el Gobierno Central y, posteriormente, tras decisión de la Generalitat Valenciana-, en junio volvieron a reabrir pero el 17 de agosto tuvieron que volver a cerrar, y no fue hasta el pasado 10 de diciembre que se habilitó su apertura en formato restauración, "algo inviable económicamente para muchas de ellas después de acumular pérdidas millonarias".

Añaden que "los pocos días que les permitieron abrir en verano fue con aforos muy reducidos por lo que muchos de ellos ni tan siquiera reabrieron al no salirles a cuenta ya que además, estaban obligados a invertir en compra de mobiliario y suministros higiénicos que finalmente no han servido para nada".

"TRAVESÍA POR EL DESIERTO SIN AYUDAS"

Los empresarios recalcan que, "a pesar de haber estado más de nueve meses con los negocios cerrados o soportando restricciones desproporcionadas y arbitrarias, no han recibido ningún plan de ayudas y se han visto obligadas a seguir pagando impuestos, una parte de cotizaciones a la Seguridad Social y los alquileres mensuales, provocando todo ello el estrangulamiento financiero de las mismas y haciéndolas inviables".

En este sentido, el secretario general de Spain Nightlife, Joaquim Boadas, sostiene que "este abandono total de las empresas de ocio nocturno y de la hostelería en general es una irresponsabilidad total del Gobierno".

"Y por este motivo y por muchos otros que explicamos en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial es por lo que hemos decidido reclamar contra la administración, a la cuál señalamos como responsable último de todas las pérdidas sufridas y de sus consecuencias, la cual deberá responder del lucro cesante, daño emergente y daño moral cuantificado y acreditado en las reclamaciones", asevera.

Para los responsables de establecimientos, "toda esta debacle ha derivado en un incremento exponencial del número de concursos de acreedores presentados durante los últimos meses, aunque muchos de ellos todavía no lo han presentado pese a encontrarse en situación de insolvencia, y ello por cuanto el Gobierno Central recientemente aprobó una moratoria para su presentación hasta el día 14 de marzo de 2021".

Esto, a criterio de Manuel Espinar, presidente de la Federación de Hostelería de Valencia (Hosteleria de Valencia) y de la Confederación de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur), "es una medida tan solo de caras a la galería que únicamente servirá para retrasar la muerte de las empresas, alargando su agonía, pues lo que debería de haber hecho el Gobierno es aprobar ayudas económicas directas y suspender el pago de tributos, cotizaciones a la Seguridad Social y el cien por cien de los alquileres, pues el resto de medidas no sirven para nada sin medidas eficientes".

Por su parte, el presidente de Spain Nightlife y portavoz de la Asociación Ocio de Ibiza, José Luis Benítez, se ha mostrado abierto a dialogar y ha defendido que lo primero es la salud de las personas pero ha recordado a la administración que "sin economía no hay salud y que, si las empresas cierran debido a la falta de ayudas, cuando los trabajadores se quieran reincorporar de los ERTE, ya no lo podrán hacer porque las empresas habrán desaparecido, lo cual provocará un daño irreversible a la oferta turística de nuestro país".

Por todos estos motivos, las empresas de ocio nocturno reclamantes consideran que la administración "debe de compensar económicamente por el tiempo que han estado cerrados y, en el caso de las que se han visto obligadas a cerrar definitivamente, por las consecuencias derivadas del mismo".

Estas 17 reclamaciones -"que en los próximos días se convertirán en muchas más y que se ampliarán a las respectivas comunidades autónomas", avanzan- se han canalizado a través del convenio firmado en su día entre la patronal nacional de ocio nocturno Spain Nightlife, y la Plataforma de Empresarios Afectados por el Covid-19 (PEACovid-19), plataforma que representa a autónomos, pymes y grandes empresas de toda España y a la que se han sumado empresas de diferentes sectores como hostelería, taxis, comercio, cultura, entre otros.

En caso de no prosperar las reclamaciones previas interpuestas, avanzan que "se procederá a presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, ya sea contra la desestimación presunta o bien contra la resolución expresa que en su caso recayera".