El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 11.00 horas del día 11 de octubre de 2018, la acusada conducía por la carretera AS-323 en dirección a Vega. Debido a que circulaba a velocidad inadecuada, sin prestar la mínima atención a las circunstancias de la circulación, sin tomar las mínimas precauciones pese a que la calzada estaba mojada, deslizante y en regular estado de conservación, al llegar al kilómetro 5,900, en tramo recto a la salida de una curva de amplio radio a la izquierda, invadió la banda contraria de rodaje y sin realizar ninguna maniobra evasiva atropelló a M. N. R. G., que en aquel momento caminaba por el borde izquierdo de la calzada de espaldas a la acusada.

A consecuencia del atropello, la peatón falleció en el mismo lugar de los hechos. M. N. R. G. estaba viuda, tenía 82 años y cuatro hijas. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave del artículo 142.1, párrafos primero y segundo, del Código Penal.

Y solicita que se condene a la acusada a 2 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 3 años. Esta pena comportará la pérdida de vigencia del permiso para conducir. Abono de las costas.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada, y como responsable civil directa y solidaria la compañía de seguros, indemnice a las hijas y a la hermana de la fallecida, más los intereses legales correspondientes.