El mencionado proyecto de ley, ante el cual PP, Cs y Vox han anunciado impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, contempla entre otros aspectos el aumento progresivo de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la "excepcionalidad" de la repetición de curso; la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de diez años o la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en educación, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares.

La portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, María Eugenia Moreno, ha reiterado que la citada regulación "pone en riesgo la educación en libertad" de más de 84.000 niños que cursan estudios en centros privados concertados con el sistema público educativo y financiados por el mismo a lo largo de la provincia de Sevilla. En ese sentido, ha preguntado al Gobierno "dónde pretende meter a estos alumnos si lo que pretende es vaciar la concertada".

Según alerta, la propuesta de Ley "impide a las familias españolas", en el ámbito del sistema educativo sostenido con fondos públicos, "elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos", además de que "elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador".

Según la portavoz popular, la citada Ley, ya votada en el Congreso y que afronta su trámite en el Senado, constituye "un ataque frontal a nuestra democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad propios de los sistemas educativos más modernos e innovadores".

Así, la moción del PP reclama al Gobierno "que vuelva al Pacto Constitucional en materia educativa además de respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad" dentro del sistema financiado con fondos públicos.

Además, ante la idea de que la religión deje de computar para las notas medias, el PP invoca el artículo 27.3 de la Constitución que "obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

Igualmente, con relación a la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios, reclama "garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural".

"Pedimos también adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación", agrega, reclamando en paralelo "la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y Formación Profesional" en los centros concertados, entre otros aspectos.