El Ayuntamiento de Barcelona ha hecho públicas este martes las conclusiones a las que ha llegado la comisión no permanente de estudio sobre la regulación de los precios del alquiler en el área metropolitana. Los grupos miembros de la comisión -ERC, JXCAT, PSC y Comuns- han avalado por unanimidad que la regulación del precio de los alquileres es necesaria para garantizar el derecho a la vivienda, y que “la cuestión no es si hay que regular o no, sino cómo se hace y qué medidas le acompañan”.

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En este sentido, los grupos municipales de la comisión -a la que la oposición ha rechazado participar- han apuntado que la regulación de los precios “no revuelve el problema de acceso a la vivienda por sí sola”, de modo que es necesario que vaya acompañada de otras medidas, como la construcción de un mayor parque de vivienda pública y contratos de larga duración.

La concejala republicana y presidenta de la comisión, Eva Baró, ha declarado que la regulación de los alquileres “no es una moda, ni un invento ni una extravagancia”, sino algo “normal” en otros países y ciudades europeas, tal y como han expuesto los diferentes ponentes internacionales que han participado en las anteriores reuniones.

Así mismo, los grupos han aseverado que, aunque los detractores de la norma critiquen que la regulación daña el derecho a la propiedad privada, “no podemos olvidar que la vivienda es un derecho socialmente entendido como fundamental, y que por lo tanto debe garantizar su función social por delante del derecho a la propiedad privada”. Además, han apuntado que este derecho no se vulnera “mientras la regulación garantice un beneficio razonable para la propiedad”, tal y como indican las sentencias europeas.

Riesgos del control de precios

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A pesar de las bondades, los cuatro grupos municipales, también han matizado que la regulación de los alquileres podría comportar ciertos inconvenientes: “Puede generar riesgos como una reducción en la oferta de la vivienda o una degradación del parque residencial”, han apuntado.

Por ello, los grupos han concluido que es necesario “establecer mecanismos de seguimiento fiables para evaluar la norma y medidas complementarias para revertir sus efectos negativos”, con unos presupuestos destinados a políticas de vivienda "que nos sitúe al nivel de países como Alemania, Francia o los Países Bajos".