El rechazo a la ley Celaá es un hecho, al menos en la calle. La Plataforma Más Plurales ha liderado este domingo en más de 30 provincias -50 ciudadanes- para mostrar su rechazo a la LOMLOE, la reforma de la ley educativa que supone la octava norma de esta índole en toda la democracia española. Bajo el lema 'Por el derecho a elegir la educación que queremos', los convocantes han llamado a la movilización con vehículos en provincias de todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, País Vasco, Canarias, Comunidad Valenciana. En Madrid se dieron cita, según los organizadores, 5.000 coches. Además, han contado con el respaldo de todos los grupos políticos de la oposición y de hecho el PP ya ha dicho abiertamente que ahora mira al Tribunal Constitucional para recurrir, igual que Vox.

"Es mala para la unidad nacional", ha dicho en este sentido el presidente popular, Pablo Casado, que ha participado en la marcha en Madrid junto a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. La movilización de este domingo se ha sumado a las otras cuatro celebradas este mes de noviembre frente al Congreso y en los centros escolares, y se enmarca en el calendario de acciones previstas para intentar paralizar una ley que, a su juicio, ha sido tramitada "sin el menor consenso con la comunidad educativa ni la sociedad civil".

Al final de la marcha, los manifestantes han leído un manifiesto para pedir la protección y la continuidad de la pluralidad democrática del sistema educativo. "Ha llegado el momento de dejar claro que no toleramos límites ni recortes a nuestra libertad de enseñanza, porque en ella nos jugamos la educación de nuestros hijos y el futuro de nuestra democracia", han sentenciado los organizadores. El texto defendió la complementariedad de las redes pública y privada-concertada y no admite que la LOMLOE "permite a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado".

Asimismo, calificaron la norma de "modelo radical" y exigen "mejoras reales" para el personal de los centros educativos, ya que, en su opinión, la LOMLOE "abandona" a los profesionales de la concertada y de la educación especial "al no incluir ni una sola mejora para equiparar y mejorar sus condiciones laborales, además de poner en peligro sus puestos de trabajo".

En el manifiesto, los organizadores también denuncian que, a través del "control político" de la educación, se está asistiendo a una "agresión de la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista". En este contexto, han explicado que la asignatura de religión se cursa "con absoluta normalidad" en España y es una "opción mayoritaria" de las familias españolas, que "eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada".

PP y Vox, al Constitucional

A nivel político, el propio Casado ha explicado que la norma "durará lo que tardemos en llegar al Gobierno. Derogaremos esta ley porque es mala para el futuro de nuestros hijos, es mala para la unidad nacional y pésima para la comunidad educativa". Asimismo, ha añadido que en las comunidades autónomas donde gobierna el PP van a "hacer todo lo posible para legislar y evitar los estragos" que plante la LOMLOE.

Vox, por su parte, también pone la mirada ya en el Constitucional. "En España tenemos una gran materia prima, que son los españoles, que se merecen una educación de calidad y en libertad y no se merecen este ataque al español, a la educación concertada y a la educación especial", ha expresado el portavoz del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. 

En este sentido, para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la norma "nace muerta". Adelanta, sobre esto, que el PP madrileño presentará una "reforma educativa" en "sentido contrario", que contará con los profesores, con la comunidad educativa y con las familias. La presidenta resumió su parecer en pocas palabras: "No conozco a ningún padre que quiera que a sus hijos les regalen los aprobados porque sí".

Entiende Ayuso que España necesita "unidad y libertad" y que esta ley "va en sentido contrario", por lo que ha afirmado que desde el Ejecutivo regional seguirán garantizando "a todas las familias" la posibilidad de elegir el tipo de educación y el centro, "muy especialmente para aquellos padres que tienen hijos con algún tipo de discapacidad".

"Lo que no se entiende es cómo por mezquindad o desconocimiento se pretende poco a poco ir diluyendo esos centros que tantas familias eligen para sus hijos en situaciones tan delicadas", ha censurado Ayuso, quien ha añadido que el PP en Madrid presentará una Ley en la Asamblea de Madrid para blindar la libertad de elección de las familias.

En esa misma línea se posicionó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. "Una ley educativa no puede ser una ley con un contenido profundamente ideológico", comentó, al tiempo que instaba a la ministra Isabel Celaá a "escuchar" a la concertada tras haber logrado un "mínimo" consenso para sacar la norma adelante. "Tiene que tomar nota de esta gigantesca y pacífica protesta llevada a cabo por miles y miles de madrileños preocupados por el futuro de sus hijos y por poder educarlos en libertad", concluyó.

Por su parte, desde Cs, Begoña Villacís reiteró que los padres y madres "piden libertad" y que el debate no es "sobre la educación pública o la concertada", sino sobre "la libertad". El PSOE, según ella, debería entender "que son los padres los que tienen derecho a elegir centro educativo" y los socialistas "no pueden suplantar a los padres".

La ministra defiende la nueva ley

Celaá no es ajena a las críticas, pero defiende el paso dado por el Gobierno. Explicó que la nueva ley educativa prima la filosofía hacia la equidad frente a la del elitismo de la actual norma, en tanto que considera una cuestión "nominalista" la polémica sobre el castellano y se muestra abierta a resolver las preocupaciones de los centros concertados.

"La ley cambia la filosofía hacia la equidad. Impulsa la excelencia para que todos desarrollen su talento al máximo, más allá de sus condicionamientos de origen. La escuela tiene que recuperar su función de ascensor social", sostiene Celaá, frente a la actual norma, la LOMCE, que define como "elitista" al desarrollar el talento "de los que por así decirlo venían de casa con bastantes aptitudes para el estudio", sostuvo en una entrevista en El País.

En ese tira y afloja, el PSOE ha respondido a Casado, que "no se puede cuestionar" la aplicación de la nueva ley educativa "en ninguna comunidad autónoma", como pretende hacer el PP, porque se trata de una ley orgánica. Exigen que el PP "cumpla con el Estado de Derecho" en las comunidades donde gobierna su partido, y que "trabaje verdaderamente por la educación en este país".