El toque de queda nocturno tendrá que esperar. Castilla y León se la pedido este jueves formalmente al Gobierno y la Comunidad Valenciana también lo ha planteado en el consejo interterritorial de Salud del que,sin embargo, no ha salido todavía una decisión. En su lugar, el Gobierno ha pedido un estudio jurídico sobre una medida que de momento no tiene quorum entre los consejeros y que el Ejecutivo central no ve con malos ojos para controlar la transmisión del virus donde cree que más ocurre actualmente, en las relaciones sociales.
Sin embargo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa,ha indicado que es necesario "el máximo consenso posible". Eso sí, ha considerado el toque de queda que la Junta de Andalucía ha declarado en Granada es una medida "correcta".
El acuerdo a nivel estatal es para medidas de ámbito más general e incluye el espinoso aspecto de que antes las comunidades autónomas tengan que pedir que se decrete el estado de alarma, algo para lo que Cataluña ha pedido este jueves buscar alternativas. El doctor Fernando Simón ha indicado que esta medida "podría favorecer mucho el control de la movilidad nocturna", donde "hora mismo" se concentran los focos "más importantes" de coronavirus.
En todo caso, los consejeros han aparcado una decisión sobre una medida, el toque de queda, que en los último días también valoraron Madrid, Castilla-La Mancha o Cataluñá. Illa ha apostado por seguir estudiando la conveniencia de aplicar el toque de queda. "Vamos a seguir valorando esta medida", ha dicho el ministro, que este viernes explorará la petición oficial de Castilla y León con una visita a su gobierno en Valladolid.
El Ejecutivo central tiene claro que el instrumento jurídico que debe poner en pie un toque de queda es el estado de alarma. "No es objeto de discusión", ha dicho Illa. Pero Cataluña ha pedido un informe jurídico para saber si se podría aplicar con un mecanismo alternativo.
Más medidas
Mientras Illa y los consejeros de Sanidad toman una decisión sobre el toque de queda, este jueves han aprobaron la propuesta del Gobierno para aplicar criterios comunes para determinar tres niveles de riesgo con un catálogo de medidas de control de la movilidad, aforos y contactos sociales.
Se le ha añadido un cuarto, de "riesgo extremo", en el que el Gobierno ofrece a las comunidades que pidan el estado de alarma para tomar "medidas excepcionales" con "restricciones adicionales" a algunas de las que figuran en el plan para la fase 3. Es inmediatamente inferior y se activaría en territorios con transmisión comunitaria e incontrolada del virus, que ponga en dificultades a asistencia sanitaria.
El documento contempla medidas como la recomendación a los ciudadanos de permanecer en sus casas, crear "burbujas sociales", el cierre de los locales de ocio nocturno o los establecimientos a las 23 horas –22 horas en la propuesta iniciale–, que se aplicarán en función de criterios de contagios, hospitalizaciones o fallecimientos.
Madrid y el País Vasco no lo han respaldado y se han abstenido. Eso no ha impedido que Illa haya celebrado "un acuerdo muy amplio, muy bien valorado por parte de todo los responsables autonómicos", que "nos abre un camino de respuesta adecuada".
De momento, sin embargo, el Gobierno ha evitado identificar qué territorios deberían aplicar ya las medidas más drásticas. Según Simón, por ahora, "es difícil valorar en qué situación se encuentra cada territorio".
Cuatro meses tarde
Fuentes de la Consejería de Sanidad madrileña han explicado que la postura que han mantenido en la reunión sobre el borrador que les ha presentado el ministerio de Salvador Illa no ha sido de rechazo, pero tampoco de adhesión.
"Llega cuatro meses tarde", han valorado desde el departamento que dirige Ruiz Escudero. "Tendría que haber estado preparado cuando terminó el estado de alarma", han agregado.
Durante la reunión, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, ha mostrado sus reticencias sobre el toque de queda y ha pedido al Gobierno central que aclare si las limitaciones nocturnas afectarían solo a determinadas actividades económicas o también a la movilidad de los ciudadanos. A la vez, se ha interesado por la cobertura legal que tendría la medida en cada uno de los casos.
La consejera de Sanidad catalana, Alba Vergés, también ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que habilite "herramientas jurídicas" para que la Generalitat pueda decretar el toque de queda cuando el 'Govern' lo decida, siempre en función de criterios científicos.
Según han informado fuentes de Salud, dada la situación epidemiológica, el gobierno catalán ha expresado que valora "todas las opciones" para reducir los contagios, pero quiere ser él quien lo decida, no a instancias de otras instituciones o gobiernos.
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