Bruselas vigilará que la reforma del Poder Judicial consulte a las "partes interesadas" y no dañe su independencia

Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
OLIVIER HOSLET / EFE

La Comisión Europea vigilará que la reforma del sistema de mayorías para elegir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España se hace escuchando a toda las "partes interesadas" y que se su resultado no suponga una merma de la independencia de los jueces. De momento, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por la vía parlamentaria para no tener que solicitar un informe preceptivo al CGPJ  y Bruselas no piensa iniciar una evaluación oficial hasta que no exista una ley firme, algo que puede tardar aún meses.

Pero hasta entonces, la Comisión se  ha saltado este jueves sus propias costumbres y se ha manifestado sobre el proyecto de reforma en España, cuando nunca lo hace -en público, por lo menos- a menos que se trate de leyes aprobadas y firmes en los Estados miembros, 

Sin embargo y tras los precedentes de Polonia y Hungría -que fueron censurados con leyes ya en vigor-, las reformas judiciales en los países de la UE se han convertido en un tema sensible y el portavoz de Justicia de la Comisión, Christian Wigand, ha declarado que en Bruselas conocen que se ha presentado un borrador para una nueva legislación. "Lo estamos siguiendo y viendo los desarrollos que pueda tener".

Hasta entonces, Wigand ha recordado que en las conclusiones de su informe sobre el Estado de Derecho en España, la Comisión "tomó nota" de la situación en la que se encuentra el CGPJ, que necesitaba renovar sus vocales y que esto suponía un "desafío".

Tal y como apuntó en este documento, el portavoz ha recordado este jueves que, de cara la reforma", es "importante" que "el CGPJ no es percibido como vulnerable a la politización".

En términos generales y no solo en relación a España, la Comisión exige que las reformas sobre el sistema judicial que emprenda los Estados miembros deben hacerse "en consultas con las partes interesadas" y, "en primer lugar", con al Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

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