De momento, la Comisión Europea no tiene una opinión formada sobre la reforma del Poder Judicial que quiere llevar a cabo el Gobierno, pero esperará a que sea una realidad para evaluar si cumple los requisitos en materia de Estado de Derecho. Fuentes del Ejecutivo comunitario han señalado este miércoles a 20Minutos que el cambio del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) será sometido a examen en Bruselas, a pesar de que el mensaje que se lanza desde el Gobierno es distinto y se asegura que nadie en la UE va a cuestionar su reforma legal.
Fuentes de la Comisión han declinado este miércoles hacer comentarios porque todavía no es más que una propuesta, pero han asegurado que “cuando se lleve a cabo” será revisada en Bruselas, de la misma manera que también se diseccionan las decisiones económicas de los Estados miembros para cerciorarse de que cumplen con las normas comunitarias. En el caso de la reforma del Poder Judicial, el examen tendría que ver con el respeto al Estado de Derecho y sería posterior a un reciente informe de la Comisión sobre el cumplimiento del Estado de Derecho por parte de los Estados miembros donde el Gobierno destaca que España quedó muy bien situada.
El Gobierno se escuda en un informe que, de hecho, aludía también al CGPJ, porque Bruselas indicaba que deben nombrarse nuevos vocales. Por eso, España da por seguro que nadie en la UE va a “cuestionar” la reforma del Poder Judicial. Sin embargo y tal y como apuntan las fuentes comunitarias, este documento se elaboró antes de que el Gobierno plasmase su reforma del sistema de elección del CGPJ en la proposición de ley que PSOE y Unidas Podemos registraron en el Congreso este martes.
Sánchez no dará explicaciones en el Consejo Europeo
El Gobierno se muestra totalmente seguro de que nadie en la UE pondrá pegas a su propuesta de reforma, justo en un momento en el que, además, el respeto al Estado de Derecho vuelve a convertirse en un elemento clave entre los 27 y muy vinculado al desbloqueo del Fondo de Recuperación, del que a España le han correspondido 140.000 millones. Tal es la vinculación, que España apuesta por descafeinar de momento las exigencia en materia democrática con tal de que se asegure que los fondos empiezan a llegar cuanto antes.
Sánchez participa este jueves y viernes en un Consejo Europeo en un momento en el que en el Parlamento Europeo continúan los trámites para aprobar definitivamente el Fondo de Recuperación, que ha encontrado una piedra en el camino relacionada con el Estado de Derecho. La Eurocámara quiere que puedan bloquearse los fondos a países que lo quebranten.
Esta cláusula, que se incluiría en el acuerdo sobre el Fondo de Recuperación y el Prepuesto europeo, está pensada especialmente para Polonia y Hungría. No figura en la agenda formal del Consejo Europeo, pero el Gobierno no descarta que entre los líderes se termine suscitando una cuestión estrechamente relacionada con el Fondo de Recuperación.
Lo que no prevé de ninguna manera el Gobierno es que los otros líderes europeos cuestionen a Sánchez por la reforma de la ley del Poder Judicial dentro de un debate que Madrid limita a lo que sucede en Polonia y sobre todo en Hungría. Aseguran que que son cuestiones que "no tienen nada que ver" y que ni va a haber preguntas ni el presidente va a intervenir para explicar los cambios en la forma de elección de los vocales del CGPJ.
Descafeinar las exigencias
El Gobierno subraya que esta reforma legal no tiene nada que ver con la cláusula sobre el Estado de Derecho a la que el Parlamento Europeo quiere condicionar las ayudas del Fondo de Recuperación, aunque se sitúa entre los países más pragmáticos, dispuestos a diluir estas exigencias con tal de que Hungría no impida que el fondo pueda empezar a funcionar.
Este "chantaje" se produce porque Parlamento Europeo y Consejo se encuentran negociando tres reglamentos. Dos de ellos son los que tienen que ver el Presupuesto de la UE y con el Fondo de Recuperación, donde la Eurocámara quiere incluir la cláusula sobre el Estado de Derecho. Para aprobarlo, basta con una mayoría cualificada, de manera que Polonia o Hungría podrían votar en contra y tendría luz verde igualmente,
El problema viene porque el primer ministro húngaro, Víktor Orban, amenaza con votar en contra de otro importante reglamento para el que es necesaria la unanimidad entre los 27 Estados miembros. Se trata del relativo a los "recursos propios" de la UE, el que debe determinar la creación de impuestos comunitarios y que es clave para que se emita la histórica deuda mancomunada que financiará los 750.000 millones de euros del Fondo de Recuperación.
El Gobierno español no oculta su preocupación porque la cláusula sobre Estado de Derecho termine bloqueando el Fondo de Recuperación. Hasta el punto de que se ha unido a los países que apuestan por descafeinar las exigencias, al menos de momento, a la Hungría de Orban con tal de que los fondos europeos no se retrasen.
Aunque parte del Parlamento Europeo pide ir más allá, España se alinea ya con la propuesta de compromiso que ha planteado Alemania, que abandona las exigencias propiamente dichas en Estado de Derecho y condiciona la llegada de los fondos a que los Estados miembros aseguren una buena gestión de los mismos.
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