El acuerdo aprobado, recogido por Europa Press, concreta que el 17 de septiembre de 2020, el pleno aprobó ya "resolver la discrepancia planteada por la Delegación de Recursos Humanos con el reparo de la Intervención municipal, sobre la procedencia de reconocer el derecho de diversos funcionarios al abono de los gastos de representación y defensa jurídica en los que incurrieron como consecuencia de su imputación" en dicha causa judicial, finalizada con la absolución de todos los acusados por parte del Juzgado de lo Penal número diez.
En su sentencia absolutoria, recogida por Europa Press, el juez determinaba que "aunque algunos de los exámenes de los acusados presentan similitud con la plantilla de corrección y con su complemento", incluso con casos de "práctica identidad" en la respuesta de "muchas preguntas", lo cierto es que "no queda acreditado el modo en que dichos acusados pudieran haber obtenido, en su caso, dicha plantilla con anterioridad al examen". Todo ello, después de que la instrucción del caso incluyese "indicios claros de que algunos de los acusados "tuvieron que tener la plantilla de corrección antes del examen, todos ellos sometidos a las preguntas del tribunal y sin embargo aprobados".
"Sin ese concierto y sin la acreditación por tanto de cómo llega la plantilla de corrección a manos de alguno o algunos de los acusados, el pronunciamiento ha de ser absolutorio para los miembros del tribunal por falta de acreditación del concierto previo y por ello igualmente de la autoría directa de la filtración; y para los opositores por el principio de tipicidad, al desconocer cómo y de qué forma, en su caso, han podido recibir la plantilla de corrección y sobre todo y fundamentalmente de quién la han podido recibir", concluía el tribunal.
A colación, recordemos que tras dicha sentencia absolutoria, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete ordenó retrotraer la oposición promovida en 2012 para cubrir 56 plazas de agente de Policía Local, al momento anterior al de proponerse el caso práctico, al considerar que "se produjeron irregularidades invalidantes", anulando así el nombramiento como funcionarios de los opositores seleccionados, si bien el Ayuntamiento ha recurrido esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según informaban a Europa Press fuentes del caso.
De cualquier modo, en el acuerdo plenario previo de septiembre ya se aprobaba "reconocer la obligación a favor" de tales funcionarios absueltos en el procedimiento penal, de ser resarcidos en las "cuantías" que solicitaban por los gastos jurídicos afrontados en dicho procedimiento judicial, dando visto bueno al "abono a los precitados funcionarios de las cuantías indicadas", por importe de 331.573,84 euros.
El nuevo acuerdo aprobado al respecto este jueves, en ese sentido, corrige simplemente un "error material en lo relativo a la imputación de la aplicación presupuestaria" con cargo a la cual serán abonados los citados 331.573,84 euros.
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