La subdelegada del Gobierno en Jaén ha subrayado que en el pico de la pandemia, a finales de pasado mes de abril, llegó a haber 23.183 trabajadores cuyas empresas se habían acogido a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). "A fecha 30 de septiembre, esa cifra se redujo considerablemente, en concreto, en un 86,1 por ciento, con 3.218 trabajadores que estaban esa situación y de forma progresiva, se han incorporado al mercado laboral", ha dicho Madueño.

"Viene a demostrar que, ante un momento crítico para la ciudadanía y para el sector productivo, el Gobierno de España ha respondido con determinación para impulsar el crecimiento económico y social", ha señalado la subdelegada.

Del mismo modo, la subdelegada ha puesto de manifiesto el trabajo realizado por el Ejecutivo para sentar las bases de "un mercado laboral dinámico y estable, protegiendo también a los autónomos de las consecuencias económicas del covid-19". En este sentido, Madueño ha destacado que, desde el inicio de la pandemia, 21.216 autónomos jiennenses han recibido la prestación extraordinaria por cese de actividad o por bajada de ingresos.

Al respecto, la subdelegada ha alabado la apuesta del Gobierno de España por mantener el tejido productivo en algunos de los sectores más castigados por las consecuencias de la pandemia, en especial, en los sectores de la hostelería y el pequeño comercio.

Durante la reunión se ha puesto en valor III Acuerdo Social en Defensa del Empleo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, los representantes de las organizaciones sindicales CCOO y UGT y los representantes de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que permite prorrogar los beneficios de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el próximo 31 de enero de 2021.

La subdelegada ha incidido en la importancia de que "cada administración asuma sus competencias para abordar, con coordinación, los problemas socio labores que tiene la provincia y equilibrar los intereses empresariales con los derechos de los trabajadores".

En referencia a las competencias del Gobierno de España, frente a la próxima campaña oleícola, Madueño ha informado de que la Guardia Civil ya tiene diseñado el dispositivo de seguridad frente a los delitos en el ámbito rural y la Inspección de Trabajo pondrá en marcha una campaña específica de prevención de riesgos laborales en los tajos y de aplicación normativa de la Seguridad Social.

"El Gobierno ya ha hecho los deberes y está a la espera de que la Junta de Andalucía cumpla con el compromiso que hizo su presidente y elabore un protocolo específico que resuelva los problemas e inquietudes a los que se enfrenta la provincia de Jaén, ante una campaña de recogida de la aceituna que es inminente y que se ve afectada por el covid-19", ha dicho Madueño.

En este sentido, ha apuntado que "Andalucía necesita medidas concretas porque el olivar afecta a 300 municipios en Andalucía, a más de 200.000 agricultores y a muchas familias jiennenses".

Con respecto a la red de albergues, la subdelegada ha trasladado a la secretaria general de UGT su preocupación por que los ayuntamientos de la provincia van a contar con menos recursos económicos para poner en marcha estas infraestructuras, debido a que la Junta ha reducido a la mitad su subvención. "Debemos estar más preparados que nunca, con todos los recursos existentes bien coordinados, para que no se produzcan imágenes que pueden ser muy perjudiciales para el sector del aceite de oliva", ha concluido.