Solo el 20% de los jóvenes catalanes puede vivir emancipado, mientras que en 2008 era el 32%, según refleja la 'Radiografía: jóvenes inquilinas y derecho a la vivienda 2020' hecha por el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña (CNJC). 

En 2017 un 26% no podía emanciparse por motivos económicos. Además, los jóvenes destinan de media el 120% del salario al alquiler y el 43% asegura tener dificultades para llegar a final de mes. 

Según el informe, el 68,4% de jóvenes de entre 16 y 29 años emancipados viven de alquiler y el 38,9% lo hace con amigos o compartiendo piso. En líneas generales, los jóvenes de 15 a 34 años representan el 23,5% del total de inquilinos de Cataluña. Lo nos ha entregado el informe este martes al presidente del Parlamento, Roger Torrent.

Por otro lado, más de la mitad de los jóvenes cree que tendrá que cambiar de vivienda y el 72% de estos asegura que será por motivos económicos. En cuanto a las mesas de emergencias por desahucios, el colectivo de jóvenes representa el 20% del total de casos.

El informe refleja que las dificultades de los jóvenes emancipados son consecuencia del paro, la subida de los precios y unas políticas públicas "insuficientes". 

Además, seis de cada 10 jóvenes inquilinos asegura haber sufrido algún abuso, siendo el más común los precios abusivos (17,8%), la no realización de obras de mejora o no retorno de cantidades avanzadas (17,3%), la exigencia de fianzas o garantías abusivas (14,9%), la subida de precio en la prórroga y no renovación para especular (11,7%) o la falta de información y transparencia (11,5%).

Por otro lado, el 76% de los jóvenes aseguran que el precio de la vivienda les impide vivir en el barrio o municipio donde querrían.

Mecanismos de control

Ante esta situación, el CNJC ha pedido activar mecanismos de control y cumplimiento específicos en todas las administraciones de las mejoras recientes en el marco legal de protección de los jóvenes inquilinos. Así, recomienda consolidar la última reforma sobre el tope de precios y promover y realizar nuevas reformas legislativas complementarias para regular los precios de los alquileres.

También ha apuntado que hay que dotar de más información los jóvenes inquilinos sobre sus derechos y recursos de defensa contra los abusos, generar información y aumentar la dotación de recursos de las oficinas de vivienda y articular un "verdadero" sistema de políticas públicas de viviendas destinado exclusivamente al colectivo de jóvenes en régimen de alquiler que cuente con sus aportaciones.

Otra de las recomendaciones es aumentar "de forma sustancial y decidida" el parque asequible protegido de alquiler permanente y las ayudas, con programas y reservas propias para los jóvenes. En este sentido, el CNJC considera que hace falta una diagnosis objetiva y específica sobre las necesidades de vivienda de los jóvenes inquilinos y sobre la oferta actual, fiscalizar la oferta emergente de las residencias universitarias e impulsar una revisión de los convenios. Además, apuestan para elaborar un sistema de datos e indicadores para poder evaluar la situación.

El objetivo final tiene que ser aumentar la tasa de emancipación de los jóvenes y el acceso a la vivienda de protección oficial de alquiler, reducir los ingresos que tienen que destinar a pagar el alquiler, equiparar las ayudas al peso real de los jóvenes inquilinos y evitar que los motivos económicos provoquen la no emancipación.