En una rueda de prensa ofrecida en la sede de Podemos Salamanca, Fernández ha destacado que este documento, aprobado en 2013, ya caducó en octubre de 2018 tras cinco años de vigor y que es preciso llevar al Parlamento esta situación porque la Junta no ha procedido "de oficio" a declarar que se ha cumplido el plazo.
El secretario en Castilla y León de la formación morada ha criticado un proceso "trufado de irregularidades" en el que el Ejecutivo autonómico ha puesto "una alfombra roja a un proyecto que es una tropelía medioambiental" y que contó con una DIA que "únicamente" amparaba al "proyecto inicial" y no a cualquier "otra modificación".
En cambio, según sus palabras en el encuentro con los medios de comunicación, Berkeley "ha efectuado dos modificaciones" que fueron "realizadas unilateralmente" y que "vacían de contenido" la declaración.
Aun así, Pablo Fernández ha criticado que la Junta ha seguido adelante con "piruetas jurídicas" para "favorecer a una multinacional vulnerando la legalidad vigente", unas "piruetas" que han pasado por asumir las obras en el desvío de la carretera SA-322, que "la Junta reconoce que son obras ilegales".
"Declara ilegal las obras y al mismo tiempo se aferra a esas obras para no declarar la caducidad", ha añadido sobre la postura de la Administración Autonómica en torno a la DIA.
Por otra parte, ha criticado también que la Junta "se aferra al vallado perimetral del proyecto", que, en palabras del portavoz de Podemos, es una postura "insostenible", pues es "ínfimo" el perímetro con vallas para cercar un recinto, tal y como ha continuado, que es de 27 kilómetros.
Finalmente, ha indicado que es "optimista" en "conseguir salvar el campo charro" frente a este proyecto en Retortillo, y, al respecto, ha recordado otros frente abiertos como la petición en el Congreso de los Diputados para impedir la minería de uranio en el país o la decisión pendiente sobre las obras del Ministerio de Transición Ecológica.
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