El Principado inicia los trámites jurídicos para reclamar al Estado el IVA de 2017

El vicepresidente del Gobierno asturiano, Juan Cofiño, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo autonómico ha acordado formular una reclamación previa a iniciar un proceso Contencioso-administrativo para exigir al Estado la parte de los ingresos correspondientes al IVA de 2017 que no se han devuelto, que suman 68,5 millones de euros -los 75 anunciados inicialmente más lo que corresponde a Asturias por ser una comunidad uniprovincial-.
El vicepresidente del Gobierno asturiano, Juan Cofiño, en rueda de prensa.
El vicepresidente del Gobierno asturiano, Juan Cofiño, en rueda de prensa.
EUROPA PRESS - Archivo

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Cofiño ha explicado que el Principado ha iniciado este trámite "por enriquecimiento injusto a favor del Estado" por la "merma de ingresos" que supone para el Principado que la Administración del Estado no devuelva esta cuantía. El Gobierno ha acordado autorizar a la consejera de Hacienda a formular este requerimiento.

El también consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, ha explicado que la reclamación previa es lo que corresponde hacer en el actual momento procesal, como paso anterior a entablar, "en su caso" un Contencioso-Administrativo, "con el fin de compensar al Principado por los perjuicios económicos, directos e indirectos, derivados de la modificación del sistema de gestión, liquidación y contabilización del IVA correspondiente al ejercicio 2017".

Este procedimiento quedó paralizado tras la declaración del estado de alarma, pero ahora "se dará un paso más en defensa de los intereses de Asturias al reclamar unos recursos que le corresponden".

El Principado "seguirá optando" por la negociación y el acuerdo como vía preferente, pero está dispuesto a utilizar "todos los medios políticos, administrativos y judiciales a su alcance" para obtener la mensualidad pendiente del IVA correspondiente a 2017. "Se trata de unos fondos para mejorar los servicios públicos, impulsar la economía y, en definitiva, atender los intereses de la comunidad autónoma", defiende el Ejecutivo.

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