En agosto de 2020, una veintena de destacados expertos en Salud Pública instaron al Gobierno central español y a los gobiernos regionales a evaluar de forma independiente su respuesta COVID-19 para identificar los ámbitos en los que es necesario mejorar la salud pública y el sistema de salud y atención social. Un mes después, en una carta publicada en The Lancet Public Health, han vuelto a subrayar la importancia de la puesta en marcha de la medida porque "ahora es necesario definir esa evaluación en términos de su calendario, alcance y liderazgo"

En la misiva  señalan la necesidad de cumplir tres requisitos principales y cuatro principios rectore que garantizaría una evaluación independiente exitosa.

"El primer requisito es la urgencia; la evaluación debe comenzar inmediatamente e informar periódicamente hasta el final de la pandemia. En un país donde las tensiones políticas son altas, el segundo requisito es el apoyo a gran escala de los partidos políticos, las asociaciones científicas, los profesionales de la salud, los pacientes y cuidadores, la sociedad civil y la sociedad en su conjunto. La reacción a nuestra primera carta positiva entre todas las partes interesadas, y los gobiernos deberían capitalizar ese consenso. El tercer requisito es un firme compromiso del Gobierno Central y de los gobiernos regionales de escuchar las recomendaciones propuestas en la evaluación y actuar en consecuencia", explican en el texto. 

En cuanto a los principios rectores, indican: "El primer principio, y el más importante, es la independencia de los miembros del comité de evaluación. Las personas que seleccionan a los miembros del equipo de evaluación, y a los propios miembros, deben ser independientes del gobierno, no haber trabajado en el gobierno y no tener intereses en competencia. Académicos españoles independientes, que trabajan tanto en España como en el extranjero, y expertos internacionales podrían participar en el comité de selección y en el equipo de evaluación. En segundo lugar, se necesita una cultura sin culpa, centrándose en proporcionar recomendaciones que puedan mejorar la situación sin reprochar la culpa. En tercer lugar, el equipo de evaluación debe ser equilibrado en cuanto a género y multidisciplinario para promover una evaluación crítica más amplia. En cuarto lugar, la evaluación debería tener un amplio alcance, analizando los efectos sanitarios, económicos y sociales con las aportaciones tanto del Gobierno Central como de las comunidades autónomas, dado el alto nivel de competencias descentralizadas".

La carta concluyen "animando al Gobierno central español y a los gobiernos regionales a que lleven adelante esta evaluación, que podría convertirse en un ejemplo para que otros países se repliquen".