El debate previsto este miércoles en el Parlament de Cataluña sobre la limitación de los precios del alquiler ha sido bienvenido por las organizaciones sociales de vivienda, pero ha hecho saltar las alarmas en el sector inmobiliario. Las entidades ven contraproducente la aprobación de la medida y advierten de que provocará una reducción de la oferta y "agravará" el acceso a la vivienda. 

El director general de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), Marc Realp, desvincula los "elevados precios" de los alquileres de un "abuso de posición de dominio" de grandes fondos, recordando que el parque de vivienda está formado tanto por grandes como por pequeños tenedores. Por su parte, el Sindicato de Inquilinas celebra la medida como un "gran paso" y tilde de "tendenciosos" los argumentos "del miedo".

"La limitación de las rentas es una medida que, a corto plazo, beneficia a quienes quieren alquilar una vivienda pero que, a medio y largo plazo, es perjudicial", alerta el analista económico y profesor del EAE Business School, Juan Carlos Higueras.

La entrada en vigor de la ley puede provocar, según el profesor, una "clara disminución" de la oferta de vivienda de alquiler, un incremento de la economía sumergida y un empeoramiento de la calidad de las viviendas por la falta de mantenimiento. Asimismo, Higueras advierte de una posible bajada de la inversión y del número de compraventas de viviendas.

El director general del ACCO, Marc Realp, también alerta de una tendencia a "homogeneizar" las rentas hacia el precio máximo y advierte de que se podrían crear "listas de espera" para gestionar el exceso de demanda ante una oferta insuficiente. "Entendemos que está justificada la intervención de la administración en el aumento de las rentas porque es una razón de interés general. Dicho esto, entendemos que la regulación de los precios de alquiler a través de precios máximos puede tener un impacto positivo muy a corto plazo pero con efectos a corto, mediano y largo plazo que se tienen que tener en cuenta", manifiesta.

Asimismo, el director general del organismo desvincula el comportamiento de las rentas de una situación de oligopolio en el mercado de alquiler. "Todo apunta que la consecuencia de los precios elevados no es un abuso de posición de dominio. Estamos ante un escenario donde hay una mezcla de grandes y pequeños tenedores", asegura. De hecho, defiende que si el problema de precio fuera por un abuso de poder, el ACCO podría intervenir para forzarlos a bajar.

Estas advertencias sobre las consecuencias de la entrada en vigor de la ley se han sumado a las realizadas este lunes por entidades del sector inmobiliario en Cataluña. "Las medidas coercitivas no darán el resultado pretendio y parecen fruto del desconocimiento del comportamiento del mercado de alquiler", afirmaban en un comunicado conjunto el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona – Lleida, el Consejo Catalán de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña (COAPI), la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE) y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona – Lleida.

Algunas de estas entidades se reunieron este lunes por la tarde con el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, para trasladarle "la más firme disconformidad y enfado por las formas y el fondo en los cuales sigue tramitándose la horrorosa propuesta de ley de los alquileres", en palabras del presidente de la Asociación Inmobiliaria de Cataluña (AIC) y del COAPI de Barcelona, Gerard Duelo. Las entidades del sector han pedido que once de los 34 diputados de Junts per Catalunya (JxCat) se abstengan o voten en contra de la proposición de ley para "permitir iniciar de nuevo el proceso de debate con la participación y opinión de todos los actores".

El 15 de julio, el Sindicato de Inquilinas presentó un acuerdo para registrar en el Parlament la proposición de ley, pactada con el Departamento de Justicia y con el apoyo de ERC, JxCat, CatECP y la CUP. Una semana después, JxCat presentó ocho enmiendas a la proposición de ley, que todavía mantiene pese a la apuesta del presidente del Govern, Quim Torra, por mantener el acuerdo inicial.

Por su parte, el Sindicato de Inquilinas ha calificado la 'Proposición de ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamientos de vivienda' de "gran paso". "Lo valoramos de forma muy positiva y creemos que solo es el inicio de un camino que nos llevará a hacer regulaciones y políticas serias de vivienda que nos garanticen este derecho constitucional", afirma la portavoz de la entidad, Marta.

La portavoz afirma que "el único impacto" de la regulación será "que no se seguirá estrangulando de forma abusiva a los inquilinos" y tilda de "falsos o tendenciosos" los argumentos "del miedo" utilizados por las asociaciones inmobiliarias. "No es una ley que impida hacer negocio, sino que pone ciertos límites a qué tipo de negocio se puede hacer con un bien de primera necesidad", defiende.

A modo de ejemplo, se refiere a los casos de regulación de los precios del alquiler en Nueva York o Viena. El analista económico y profesor del EAE Business School asegura en este sentido que el mercado de alquiler de la capital de Austria es un "caso idílico", con cerca de un 65% de la población en régimen de arrendamiento y con la mayoría de viviendas de oferta pública. "No funciona porque se limite el precio, sino porque aumenta la oferta de viviendas de alquiler", precisa.

El incremento del parque de vivienda de alquiler público es, de hecho, una reivindicación compartida por todas las entidades. "El sector público tiene que adoptar, por un lado, medidas que incentiven la construcción de un parque de vivienda social o de renta limitada suficiente y estable en el tiempo mediante estímulos fiscales de todo tipo y no medidas restrictivas de la libertad de mercado ni penalizadoras", manifiestan asociaciones inmobiliarias de Cataluña en un comunicado conjunto.

El director general del ACCO - organismo vinculado al Departamento de la Vicepresidencia y Economía y Hacienda – destaca el aumento de la oferta como una vía para encontrar un equilibrio en los precios. "Podemos incrementar la oferta e intentar desviar la demanda", resume. En este sentido, propone mejorar las infraestructuras y la conectividad para que las personas no tengan la necesidad de vivir donde trabajan e impulsar otros polos de actividad económica para garantizar una mejor distribución de la demanda.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas también destaca la importancia de aumentar la oferta de vivienda pública "de forma urgente" pero asegura que se trata de una obra "faraónica y titánica" que no se puede hacer de un día por otro. "El parque que necesitaríamos es de hasta un 40% de vivienda pública, cuando ahora estamos en el 1%", lamenta.

Dudas sobre la "constitucionalidad" de la ley

Más allá del debate sobre el posible impacto de la limitación de las rentas en el mercado de alquiler, las entidades inmobiliarias advierten de que la "clara inconstitucionalidad" del texto creará un "tenso ambiente de inseguridad jurídica" en el sector. A través de un comunicado, la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler (Asval) asegura que la proposición de ley vulnera la Constitución, "viola los derechos constitucionales de los propietarios" y "atenta" contra el derecho a la propiedad privada.

En este mismo sentido se pronunció Fomento del Trabajo Nacional este domingo, tildando la medida "de anticonstitucional y antiestatutaria". Según la patronal catalana, la proposición de ley vulnera la Constitución y el Estatut en 18 puntos del articulado y es una medida que "hundirá" el mercado de alquiler a medio plazo.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas defiende la tarea de los letrados y juristas de la entidad, así como del mismo Govern. "Otra cosa es que, evidentemente, como en el caso de cualquier norma que causa un impacto, hay muchos intereses", concluye.

Pimec rechaza la regulación porque "alejará inversiones"

Pimec ha rechazado la proposición de ley catalana de regulación del precio de los alquileres, al considerar que puede propiciar una restricción de la oferta de vivienda disponible, un empeoramiento de las condiciones de viviendas y "alejar inversiones".

En un comunicado este martes, Pimec ha añadido que la regulación de los alquileres contemplada comportará "la eventual paralización de nuevos contratos por la indeterminación jurídica de la norma y su presunta inconstitucionalidad", lo que provocará que no se renueven o no se formulen nuevos contratos en el corto plazo, ha dicho.

La patronal catalana también ha advertido de que la normativa puede repercutir negativamente en los sectores de construcción y reformas y en los oficios asociados a éstos, como arquitectos e ingenieros.

Pimec ha reclamado que se aumente la oferta global, tanto la privada como la pública, que ha cifrado por debajo del 2% en Cataluña, de modo que así "se racionalizaría el mercado de precios del alquiler y se daría cobertura a las necesidades sociales existentes sin romper las reglas del juego de la oferta y la demanda".

Ha lamentado que esta proposición de ley se tramite por el procedimiento de lectura única, lo que implica no poder debatir su articulado y "no preservar el principio de pluralidad de los actores que intervienen en la elaboración de normativa en Catalunya".

También ha recordado que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) emitió en agosto su dictamen sobre esta ley, presentada por JxCat, ERC, los comuns y la CUP, y advirtió de que varios de los artículos de la iniciativa incumplen la Constitución y el Estatut.

Por ello, ha apelado a los grupos parlamentarios a tener en cuenta sus consideraciones antes de que se vote esta proposición de ley en el pleno de la cámara catalana.

El Sindicato de Inquilinas se reunirá con Puigdemont

El Sindicato de Inquilinas se reunirá con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont antes de que este miércoles el Parlament vote la ley que limita el precio de los alquileres.

Así lo ha explicado el portavoz de la entidad, Jaime Palomera, en una entrevista de Catalunya Ràdio, en la que ha afirmado que propondrán unos retoques en el texto de la ley para facilitar que la iniciativa tire adelante.