El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha propuesto un cambio legislativo para combatir las ocupaciones ilegales de viviendas para que se puedan desalojar si los moradores no presentan en 48 horas el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble.

La Comisión de Normativa del Icab ha elaborado una propuesta de regulación expresa de medidas cautelares en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) con el objetivo de "dar una solución rápida y ágil a la ocupación de inmuebles", informa el colegio barcelonés en un comunicado.

La propuesta legislativa la han presentado telemáticamente el secretario y presidente de la Comisión de Normativa del Icab, Jesús Sánchez, y los vocales de la Comisión de Normativa, Jorge Navarro, Julio Naveira y Vicente Pérez-Daudí, catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona (UB).

También han participado la abogada y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mataró (Barcelona) Núria Moreno y la decana del Colegio de Abogados de Mataró, María Pastor.

La iniciativa elaborada por la Comisión de Normativa plantea una modificación de la LECrim, en la línea de varios países europeos, proponiendo la incorporación de un nuevo artículo en la Ley, concretamente el 544 sexies y la modificación del artículo 13 de la Ley procesal penal.

Se incluiría un artículo 544 sexies en la LECrim con el siguiente articulado: "En los casos en los que conozca de un delito del artículo del 245 Código Penal, el Juez o Tribunal adoptará motivadamente la medida de desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición cautelar, sin necesidad de prestar caución, en tanto en cuanto, una vez requeridos los ocupantes del inmueble, no exhiban el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble".

Prevé que, una vez acordado el desalojo, se informe a los servicios sociales municipales a los efectos de facilitar el realojamiento atendiendo a la especial vulnerabilidad de los ocupantes o a las demás circunstancias del caso.

Proliferación

Según la Comisión de Normativa, la dilación en el enjuiciamiento de los delitos de usurpación de inmuebles y la ausencia de regulación de la medida cautelar de desalojo han contribuido "a la proliferación de conductas ilícitas, donde bajo la falsa apariencia de una ocupación basada en el estado de necesidad, se ocultan determinados grupos o personas".

María Pastor ha avisado de un "crecimiento exponencial" de las ocupaciones y que los grupos que actúan son más ágiles e imaginativos que la propia justicia, y la concejal Núria Moreno ha puntualizado que el fenómeno ha evolucionado desde 2012 y que el confinamiento por la crisis del Covid lo ha intensificado.

Moreno ha afirmado que está comportando "grave problema" de convivencia y seguridad, que afecta especialmente a áreas urbanas, supone una creciente demanda a los servicios municipales, llegando incluso a conllevar reacciones como la creación de patrullas vecinales para combatir ocupaciones conflictivas.

Datos

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la ocupación es un fenómeno en expansión: En 2008 se registraron 622 usurpaciones; en 2011, 836; en 2012 la cifra ya alcanzó las 1.071, una cifra que en 2018 fue de 6.028, ha resaltado el Icab.

Catalunya es la comunidad donde se producen más ocupaciones al mes: 20 al día desde enero a junio de 2020, con 3.611 denuncias durante el primer semestre del año, casi medio millar más que en el mismo período del año anterior, según el Ministerio del Interior, y representa el 48,5% del total de España.