Casado se ha expresado así durante el pleno de las Cortes en el que se ha aprobado el Decreto-ley 7/2020, de 23 de julio, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León.

La consejera ha defendido esta norma, que se ha aprobado con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios y la única abstención del único procurador de Vox, ha justificado la aprobación de un régimen sancionador apropiado ante la necesidad de cumplir las recomendaciones y obligaciones que se imponen porque la adopción de medidas por sí solas no son suficiente por superar la pandemia.

La consejera, que ha señalado que muchas comunidades autónomas han visto necesario aprobar decretos-leyes similares, ha aclarado que si bien es cierto que la mayoría de los ciudadanos tienen un comportamiento ejemplar en el cumplimiento de estas obligaciones y recomendaciones, "no es menos cierto" que algunos comportamientos ponen en riesgo.

Como ejemplo de ellos ha puesto un evento familiar con más de 130 personas en menos de 40 metros cuadrados o locales de ocio desalojados en los que casi un centenar de personas en su interior incumplían las normas.

"Estas conductas echan por tierra labor de miles de profesionales sanitarios y otros ámbitos y no puede ser tolerable", ha señalado Verónica Casado, quien ha explicado que el decreto es fruto de la necesidad "imperiosa" de hacer cumplir las medidas de prevención y contención sanitarias adoptadas en la lucha para contener la pandemia.

En esta línea, ha insistido en que se trata del instrumento legal para dar una respuesta "contundente" a cualquier tipo de comportamiento que "ponga en jaque" la salud de los ciudadanos y permita prevenir rebrotes para afrontar con garantías los retos en los meses venideros.

La consejera cree que la convalidación de la norma supone el reflejo de la unidad de todos los grupos parlamentarios ante una situación de riesgo sanitario mantenida en el tiempo.

Casado ha agregado que, aunque todavía queda un "incierto camino" por recorrer, tiene la "firme creencia" de que el mejor aliado en la lucha contra el virus, a nivel sanitario y a la hora de la recuperación de los "estragos" que produce, depende de cada uno, como individuo, pero también como colectivo.

"Depende de un ejercicio unánime de responsabilidad social de la ciudadanía", ha aseverado, tras lo que ha pedido "encarecidamente" cumplir de manera "escrupulosa" las medidas que se vayan adoptando para salir cuanto antes "triunfantes" de la batalla.

"Tengamos coraje para la pelea, fuerza para el cansancio y esperanza para el desánimo, juntos podremos y sin duda saldremos victoriosos del que con seguridad va a ser el tiempo más difícil que nos toque vivir", ha añadido.

NORMATIVA SANCIONADORA

En este Decreto Ley, que se estructura en tres capítulos, trece artículos, una disposición transitoria y una adicional, se establecen tres tipos de sanciones, que se podrán imponer tanto a personas físicas como jurídicas, y que se clasifican en 'leves', con multas de entre 100 y 3.000 euros; 'graves', entre 3.000 y 60.000 euros y 'muy graves', entre 60.000 y 600.000 euros.

Se consideran infracciones 'leves' los incumplimientos de las medidas que puedan producir riesgo de contagio a menos de quince personas; las sanciones se considerarán 'graves' cuando puedan resultar afectados y contagiados entre 15 y 150 personas y "muy graves" cuando la posibilidad de contagio pueda afectar a mas 150 personas.

En este cuadro sancionador se impondrán multas por el incumplimiento de los límites de aforo permitido; la celebración de reuniones, fiestas o cualquier acto permanente o esporádico ya sea privado o abierto al público en los que se produzcan aglomeraciones, como podrían ser los botellones; el no llevar a cabo las medidas de higiene, prevención y control establecidas para cada establecimiento o actividad; el incumplimiento o mal uso de la mascarilla; el no respetar la distancia de seguridad interpersonal; el no respetar la cuarentena ni los horarios de apertura y cierre de los establecimientos; el inhabilitar las pistas de baile; el no mantener las distancias entre las mesas y sillas de las terrazas y las faltas de respeto a las autoridades.

Además, se considerarán infracciones "graves" la apertura de locales o la celebración de actos que hayan sido expresamente prohibidos; el incumplimiento reiterado de los horarios; no comunicar a la autoridad competente los casos de sospecha o diagnóstico de COVID-19; la denegación de apoyo o colaboración con las autoridades; la denegación de la práctica de toma de muestras o pruebas relacionadas con el coronavirus o la resistencia a suministrar datos.

En el caso de que todos estos supuestos puedan provocar contagios en más de 150 personas las sanciones se considerarán "muy graves", con multas de entre 60.000 y 600.000 euros.