La fiscalía provincial valenciana ha firmado un decreto en el que se establece un criterio único sobre cómo actuar en casos de ocupación ilegal de una vivienda. Más concretamente, se estima que en caso de ocupación de inmuebles sin violencia o intimidación, la fiscalía puede solicitar como medida cautelar el desalojo inmediato y la restitución de la posesión al propietario.
Para que el ministerio público proceda a actuar de tal manera, se tendrán en cuenta diversos factores, como el estado del inmueble ocupado, la explicación ofrecida por los ocupantes, la realización de actividades en el inmueble que puedan resultar dañinas o peligrosas o la necesidad del titular de disponer con urgencia de la posesión.
Además, según informa la Cadena Ser, si el inmueble estuviese constituido como morada, sería un delito menos grave que el de allanamiento de morada. el Fiscal Provincial José Francisco Ortiz ha argumentado su decisión señalando que es un delito que va contra un derecho fundamental, la inviolabilidad del domicilio.
La manera de actuar contra este tipo de infracciones atiende a criterios de urgencia, necesidad y proporcionalidad de la medida, por lo que el desalojo está justificado, según su manera de parecer.
Antes de avisar a las autoridades para que procedan al desalojo, los fiscales deben haber comprobado antes la titularidad del inmueble, la falta de autorización y la ausencia de titulo legítimo de ocupación. Además, si al desalojar a los 'okupas' se observa que se pueden quedar en una situación clara de vulnerabilidad, la fiscalía deberá ponerlo en constancia de los Servicios Sociales.
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