La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha asegurado que los servicios jurídicos de la Generalitat van a estudiar el sumario del caso 3% de presunta financiación irregular, que afecta a CDC y al PDeCAT, y sobre esta base jurídica el Govern valorará personarse como acusación particular tal y como pide el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès.
Aragonès apuntó este domingo que "si ha habido algún perjuicio público de los recursos debemos ir hasta el final" y apeló a la responsabilidad institucional: "No endenderíamos que se hiciera otra cosa", dijo el republicano.
Por su parte, consellera Budó (PDeCAT) ha afirmado este lunes que los delitos de la trama no incluyen malversación de fondos públicos, pero ha garantizado que los servicios jurídicos de la Generalitat estudiarán si el erario público ha salido perjudicado.
En este sentido, ha asegurado que "si ha habido algún perjuicio para la Generalitat", tendrán "la obligación de defender los intereses de la Generalitat y es una opción que valoraremos en su momento sobre una base jurídica", según declaraciones a RNE.
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