Así, han registrado esta petición el BNG, cuya portavoz en la materia en la pasada legislatura, Olalla Rodil, compareció en rueda de prensa para explicar los motivos de una petición que está sustentada, dijo, en el "claro rechazo" de la comunidad educativa. De celebrarse esta comparecencia, sería en la Diputación Permanente de la Cámara gallega, puesto que todavía no se ha constituido el nuevo hemiciclo salido de las urnas el pasado 12 de julio.

Por su parte, el parlamentario electo Luis Álvarez ha pedido a la consellería que deje de "repartir responsabilidades y señalar a las demás administraciones y a los centros escolares para afrontar, ahora más que nunca, su responsabilidad de gobierno".

Así, ha reclamado un "marco estable, seguro y dotado de recursos humanos y materiales necesarios" para el inicio del curso y también para los servicios complementarios de comedor y transporte.

Álvarez ha criticado la "gestión irresponsable y electoralista" de la Administración educativa, que "provocó el rechazo unánime" de todas las centrales sindicales contra un borrador de protocolo que descargaba toda la responsabilidad en los equipos directivos y en el conjunto del profesorado.

Asimismo, Luis Álvarez, que ha recordado que la semana pasada el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, pidió "consensuar" los protocolos de seguridad frente a la covid en las aulas, ha exigido al Gobierno gallego que ejerza "sus competencias" y "garantice un protocolo de actuación que permita que alumnos, docentes y padres puedan retornar a las aulas con un grado de seguridad razonable".

En este sentido, ha recordado las palabras de su jefe de filas para señalar que la Xunta "no puede centrifugar sus competencias hacia los directores de los centros escolares" y "no puede tomar decisiones a coste cero", sino que hay que "reforzar" el sistema educativo.

BNG, QUE "DÉ EXPLICACIONES"

En rueda de prensa este lunes, la diputada electa del BNG Olalla Rodil ha manifestado que "la situación es lo suficientemente importante y grave como para que la conselleira comparezca y dé explicaciones". "¿Cómo piensan garantizar espacios seguros frente al coronavirus?", se ha preguntado Olalla Rodil, quien ha apelado al "rechazo de la comunidad educativa" -organizaciones sindicales, Anpas y equipos directivos-.

La diputada electa ha pedido, asimismo, a la Xunta que "deje de echar balones fuera, dejando las responsabilidades en otras administraciones" y en los propios centros educativos. "Hay un enorme malestar y preocupación en el conjunto de las familias, en la dirección de los centros", ha remarcado Rodil, quien ha avisado de que "se están primando los criterios económicos por encima de los de la salud": "no puede ser, la salud tiene que ser lo primero".

En su intervención, Rodil ha mencionado "tres aspectos" que "hacen inviable" la situación actual y que requieren la "comparecencia" en el Parlamento: más inversión pública, la "derivación" de casos y la "falta de diálogo absoluta".

En cuanto a la inversión pública, Rodil ha denunciado que el protocolo covid-19 para centros no está "acompañado de presupuesto", sino que "son medidas a coste cero". Así, ha recriminado que se pretenda aplicar medidas sin inversión y ha reprochado la "doble vara de medir" de la Xunta: recomienda reuniones de menos de 25 personas en las casas y "para los centros de enseñanza le parece bien que en un aula de Bachillerato pueda haber más de 30 estudiantes durante horas conviviendo".

"LO PRIMERO ES LA SALUD"

En este sentido, ha incidido en que "lo primero es la salud, por encima de los criterios económicos están los sanitarios" y ha puesto el ejemplo de comunidades como Cataluña, Andalucía y Murcia, en que sus gobiernos "anunciaron más profesorado". "No sabemos si por racanería o porque no considera la enseñanza una prioridad", ha lamentado, en referencia a que la Xunta no contemple estas medidas, junto con un refuerzo en la contratación del personal de limpieza para mantener las condiciones sanitarias.

De hecho, se ha preguntado "cómo piensa cumplir sus propias recomendaciones" en este sentido "sin contar con una sola persona más en los servicios de limpieza".

En cuanto al segundo aspecto, se ha referido a la "deriva" de responsabilidades a los centros de enseñanza, cuyos equipos directivos "ni son sanitarios ni tienen la formación" para ocuparse de, por ejemplo, la compra de materiales.

En tercer lugar, mencionó la "falta de diálogo" y el "desprecio absoluto que ha mostrado con el conjunto de la comunidad educativa" en el diseño de este protocolo que, por "puro oportunismo político" no se presentó -dijo- hasta pasadas las elecciones del 12 de julio.