El concejal portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha criticado que "las trabajadoras no cobran desde el pasado mes de mayo y llevan 15 años peleando por lograr unas condiciones laborales dignas, a pesar de que prestan un servicio esencial, al garantizar que el alumnado con necesidades educativas especiales tenga acceso al derecho a la educación". "Por tanto, estamos asistiendo a una vulneración de derechos laborales, pero también del derecho a la educación de muchos alumnos", ha dicho.

Zorrilla ha informado de que "esta injusticia la sufren 1.300 personas en Andalucía, 200 en la provincia y casi un centenar en la capital, aunque hace ya cuatro años la Intervención General dictaminó que el servicio debía ser atendido por personal propio de la Junta, al tratarse de una necesidad estructural, y emplazó a la Consejería de Educación a que, en 2022, todo el personal con la categoría de PTIS contratado por empresas privadas fuese integrado en la plantilla como empleadas públicas".

El concejal portavoz de la confluencia de Podemos e Izquierda Unida, Eduardo Zorrilla, ha querido dejar claro que "es una responsabilidad colectiva velar porque el alumnado con necesidades educativas especiales esté atendido por personal cualificado adscrito a la Consejería de Educación, no toleramos que en Andalucía haya dentro del sistema educativo público alumnado de primera y alumnado de segunda".

Para lograr este objetivo, la moción de Adelante contiene tres acuerdos, como son el instar a la Consejería de Educación a que retire el mencionado Proyecto de Decreto por el que se regula el servicio educativo que presta el personal técnico de integración, y reclamarle "que repare la irregularidad que está cometiendo al contratar con empresas privadas la atención al alumnado con necesidades educativas especiales".

Además, solicitan al Gobierno andaluz del PP y Cs "que revierta a lo público la atención al alumnado con necesidades especiales, subrogando a las PTIS actualmente subcontratadas".

La portavoz del colectivo de PTIS de Málaga, Marta Rodríguez, ha criticado que no cobran "desde hace tres meses ni nos dan ninguna certeza sobre cuándo vamos a percibir estos salarios atrasados. Además, sufrimos 20 años de precariedad laboral y quince años de reivindicación por unas condiciones dignas".

"La situación es muy difícil, rechazamos el proyecto de decreto de la Junta y pedimos que se revise el modelo para que nuestra tarea se preste mediante contratos directos con la Junta de Andalucía", ha apuntado.